La controversia en torno a la jurisdicción de los tribunales kenianos para juzgar a soldados británicos ha cobrado un nuevo impulso tras las declaraciones de Mbiyu Kamau, abogado que representa a la familia de Agnes Wanjiru, una joven asesinada en 2012. Kamau ha rechazado las afirmaciones del Ejército del Reino Unido, que sostiene que sus tropas no pueden ser procesadas en Kenia por la muerte de Wanjiru, argumentando que los tribunales locales tienen plena competencia para abordar el caso.
Wanjiru, de 21 años, fue asesinada en circunstancias trágicas y su cuerpo mutilado fue encontrado en un tanque séptico de un hotel cercano a la unidad de entrenamiento del Ejército Británico en Nanyuki, Laikipia. La joven había estado desaparecida durante varias semanas después de haber pasado una noche de fiesta con soldados británicos. En 2019, una investigación judicial en Kenia concluyó que los soldados eran responsables de su muerte y ordenó que se llevaran a cabo más indagaciones. A pesar de ello, hasta la fecha, no se han presentado cargos contra los implicados.
Rechazo a la inmunidad militar
En una entrevista reciente, Kamau afirmó que el argumento de inmunidad presentado por el Gobierno británico es incorrecto. “Decimos que este caso ocurrió en Kenia y el Gobierno del Reino Unido no debería alegar que los oficiales militares británicos que cometieron el delito son inmunes”, declaró. Según el abogado, la inmunidad fue levantada en un tribunal de Kenia, que tiene la jurisdicción competente para juzgar delitos cometidos en su territorio.
El caso ha generado un conflicto diplomático entre Londres y Nairobi, especialmente en un contexto donde otras denuncias, como las relacionadas con violaciones medioambientales por parte del BATUK, han provocado protestas locales. En noviembre de 2023, el BATUK solicitó al Tribunal Superior de Kenia que desestimara la demanda presentada por la familia de Wanjiru, argumentando que el tribunal carece de jurisdicción sobre cualquier caso que involucre a una unidad del Ejército británico en el país.
Recientemente, el Secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, visitó Kenia y se reunió con los familiares de Wanjiru, prometiendo ayudarles a “asegurar la justicia que merecen”. Esta visita marca la primera vez que un ministro británico se encuentra con la familia desde la muerte de Agnes hace más de una década. Sin embargo, Kamau ha acusado a ambos gobiernos de obstruir la justicia al proteger al sospechoso durante más de diez años, exigiendo transparencia sobre la identidad del mismo y las razones por las cuales ha gozado de protección gubernamental.
La situación actual plantea serias interrogantes sobre la rendición de cuentas y la justicia en casos que involucran a fuerzas militares extranjeras en países soberanos, un tema que sigue generando debate tanto en Kenia como en el Reino Unido.
