El libro titulado All This Safety Is Killing Us: Health Justice Beyond Prisons, Police, and Borders, coeditado por el profesor de estudios latinoamericanos y latinos Carlos Martinez, revela las consecuencias en la salud pública de las políticas punitivas que afectan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo a personas negras, indígenas, trans y queer, así como a aquellas con discapacidades o problemas de salud mental. Esta obra se enmarca dentro del movimiento por la justicia sanitaria abolicionista, que busca redefinir la noción de «seguridad» de manera que priorice la salud y el bienestar social, en lugar de perpetuar el daño.
Consecuencias de la encarcelación en la salud
Los estudios han demostrado que la encarcelación tiene un impacto devastador en la salud física y mental de los internos y sus familias. Las personas encarceladas presentan tasas más altas de enfermedades crónicas, como diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, asma, artritis y cáncer, en comparación con la población general. Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, se evidenció que las prisiones son focos de enfermedades infecciosas, debido a la falta de ventilación y la sobrepoblación. Además, se documenta que los internos sufren actos sistemáticos de violencia médica y negligencia, reproduciendo traumas que muchos experimentaron antes de su encarcelamiento.
Los efectos de las políticas punitivas no se limitan a las paredes de las prisiones. La violencia policial y la deportación son prácticas que generan enfermedades. Aquellos que han sufrido abusos por parte de las fuerzas del orden muestran niveles más altos de angustia mental y marcadores biológicos de estrés. Por ejemplo, los hombres que han sido detenidos en varias ocasiones son tres veces más propensos a presentar síntomas de trastorno de estrés post-traumático. Asimismo, vivir en barrios donde las prácticas policiales son más invasivas incrementa la probabilidad de sufrir hipertensión y diabetes.
La amenaza de deportación también afecta la salud mental de los inmigrantes indocumentados, generando ansiedad y elevando la presión arterial. Los niños con uno o más padres deportados experimentan un deterioro significativo en su salud mental y física.
Frente a estos desafíos, muchos profesionales de la salud están uniendo fuerzas con organizaciones comunitarias para frenar la expansión de instituciones punitivas y proponer modelos alternativos de atención y justicia transformativa. Este enfoque colaborativo busca documentar y propagar la creciente intersección entre salud pública y justicia, desafiando las estructuras carcelarias que, lejos de proporcionar seguridad, representan un costo tanto financiero como en términos de salud pública.
El autor del libro espera que los lectores comprendan cómo las estructuras punitivas, creadas bajo la premisa de aumentar la seguridad, no solo son ineficaces, sino que también elevan los costos de nuestra salud colectiva. A medida que los presupuestos para servicios sociales esenciales como la educación y la salud pública se han reducido, el movimiento por la justicia sanitaria abolicionista busca revertir esta tendencia perjudicial.
