El Kremlin ha manifestado su conocimiento sobre las divisiones existentes dentro de la Unión Europea (UE) respecto al destino de los activos rusos congelados, que ascienden a aproximadamente 300.000 millones de dólares. Estas tensiones se han intensificado desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, cuando se impusieron sanciones que llevaron a la congelación de dichos fondos. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha señalado que algunos Estados miembros de la UE se oponen a la confiscación de estos activos debido a los riesgos legales que ello conlleva.
La alta representante de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, ha reiterado su llamado para que estos fondos sean utilizados en la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, ha reconocido que existen países que aún se muestran reticentes a esta medida, aunque no ha especificado cuáles son. Entre los que han abogado por la transferencia inmediata de los fondos se encuentran los Estados bálticos, los países nórdicos, así como Polonia y la República Checa. Por otro lado, naciones como Francia, Alemania, Italia y España han adoptado una postura más cautelosa, argumentando que la retención de estos activos podría servir como un instrumento de presión.
Consecuencias legales y económicas
Peskov ha declarado que Moscú es consciente de que algunos países no apoyan la confiscación de los activos rusos, ya que comprenden las inevitables consecuencias legales de tales acciones. El Kremlin ha calificado el congelamiento de sus activos como un acto de «robo» y ha insinuado posibles represalias contra las inversiones occidentales en Rusia.
Los fondos congelados han generado ya miles de millones de euros en intereses. Por ejemplo, Euroclear, una cámara de compensación con sede en Bruselas, transfirió 1.550 millones de euros a Kiev el pasado julio para respaldar un préstamo de 50.000 millones de dólares otorgado a Ucrania por el G7. Sin embargo, el primer ministro belga, Bart De Wever, ha advertido que la confiscación de activos rusos podría ser considerada «un acto de guerra», lo que podría provocar una respuesta contundente por parte de Moscú.
Además, otros funcionarios de la UE han expresado su preocupación de que la apropiación de estos fondos sin una base legal clara podría sentar un precedente peligroso y alarmar a los inversores globales. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la apropiación de activos sin un fundamento legal podría socavar la confianza en las instituciones financieras occidentales.
