Papúa Nueva Guinea ha decidido levantar «inmediatamente» la prohibición sobre los esquemas de créditos de carbono forestal, según ha declarado el ministro de Clima del país, Simo Kilepa. Esta medida abre la puerta a la explotación de su vasta selva, que es fundamental para la lucha contra el cambio climático, permitiendo a las empresas compensar sus emisiones globales.
La isla de Nueva Guinea alberga la tercera mayor franja de selva tropical del mundo, desempeñando un papel crucial en la absorción de dióxido de carbono y la producción de oxígeno. Sin embargo, en los últimos años, la compra de terrenos forestales por parte de empresas extranjeras ha generado controversia y escándalos de mala gestión, lo que llevó al país a suspender temporalmente su mercado de carbono voluntario en marzo de 2022.
Con la implementación de nuevas regulaciones y directrices para administrar y regular este mercado, Kilepa ha afirmado que la moratoria de tres años se levantará de inmediato. «Papúa Nueva Guinea se está posicionando como un actor clave en los mercados internacionales de carbono», han comentado los funcionarios del organismo climático nacional en una reciente conferencia.
Controversias en el Mercado de Carbono
Los esquemas de créditos de carbono se consideran una herramienta esencial para detener la destrucción de las selvas tropicales de Papúa Nueva Guinea, que albergan alrededor del 7% de la biodiversidad global. Antes de la moratoria de 2022, los sindicatos respaldados por extranjeros podían firmar acuerdos de créditos de carbono directamente con los ancianos de las aldeas, lo que generó quejas sobre la falta de cumplimiento de las promesas realizadas.
Las denuncias de «cowboys del carbono» han surgido en este contexto, con algunos gobernadores regionales afirmando que ciertas empresas extranjeras estaban más interesadas en obtener beneficios rápidos que en proteger el medio ambiente. Investigaciones realizadas por la emisora nacional australiana ABC revelaron que, a pesar de los acuerdos, la tala de árboles continuaba en áreas designadas para créditos de carbono.
La falta de un conjunto común de reglas que rija estas transacciones ha llevado a múltiples proyectos a ser acusados de vender créditos sin valor real. Mientras que los gobiernos suelen exigir a los grandes contaminadores que compensen sus emisiones a través de esquemas de créditos de carbono obligatorios, empresas, organizaciones benéficas e individuos también pueden optar por comprar créditos en los denominados mercados de carbono voluntarios.
El esquema voluntario de Papúa Nueva Guinea se enmarca dentro de un acuerdo internacional conocido como REDD, que busca reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo. En 2023, Papúa Nueva Guinea firmó un memorando de entendimiento con la firma Blue Carbon, con sede en Dubái, que ha estado asegurando grandes extensiones de terreno en África para créditos de carbono.
