El gobierno de Zimbabue ha comenzado a realizar pagos a los agricultores comerciales blancos que perdieron sus tierras durante el controvertido programa de reforma agraria implementado por el ex presidente Robert Mugabe. Según el diario estatal The Herald, este proceso marca un hito significativo en la resolución de un conflicto que ha perdurado durante más de dos décadas.
El ministro de Finanzas, Desarrollo Económico y Promoción de Inversiones, el profesor Mthuli Ncube, anunció que el gobierno de Harare ha emitido bonos del tesoro por un total de 307 millones de dólares estadounidenses, de los cuales se han desembolsado 3,1 millones de dólares (aproximadamente 58 millones de rands) en efectivo a 378 agricultores. Esta cantidad representa solo el uno por ciento de los 311 millones de dólares asignados para la primera fase de compensación.
El año pasado, Ncube había declarado que el gobierno destinaría 20 millones de dólares (cerca de 350 millones de rands) para compensar a un grupo inicial de 94 ex agricultores afectados por la reforma agraria. En octubre, el ministro afirmó que se había llevado a cabo un proceso de verificación que había producido resultados creíbles, lo que permitiría iniciar el proceso de compensación de manera efectiva.
Un programa de compensación a largo plazo
Ncube enfatizó que el proyecto de compensación es un programa a largo plazo y no un esfuerzo aislado. Esta semana, The Herald informó que el comité de compensación de tierras de Zimbabue ha aprobado un total de 740 reclamaciones de tierras. Durante el periodo de la reforma agraria, que comenzó alrededor del año 2000, Mugabe defendió que el programa buscaba abordar las inequidades en la distribución de tierras que datan de la era colonial, cuando vastas extensiones de tierra estaban en manos de una minoría blanca tras la independencia del dominio británico en 1980.
El fallecido Mugabe, quien gobernó Zimbabue hasta su muerte en 2019, argumentó que la reforma agraria era una medida necesaria para corregir las injusticias históricas. Sin embargo, esta política ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, debido a su implementación violenta y a las consecuencias económicas que ha tenido para el país.
La actual administración busca, a través de estos pagos, restaurar la confianza en el sistema y cerrar un capítulo doloroso en la historia de Zimbabue. Sin embargo, el camino hacia una compensación justa y efectiva sigue siendo un desafío en un contexto donde las tensiones raciales y económicas son palpables.
