El futuro de la industria del acero en el Reino Unido se encuentra en una encrucijada crítica, ya que el gobierno británico ha tomado medidas para nacionalizar la última planta de producción de acero primario del país, ubicada en Scunthorpe. Esta decisión se produce en un contexto de pérdidas significativas para la planta, que opera bajo la propiedad de la empresa china Jingye, y que ha estado enfrentando un déficit de aproximadamente 700,000 libras esterlinas (916,000 dólares) diarios.
Las dificultades económicas de la planta se deben a una combinación de factores, incluyendo los aranceles del 25% impuestos por el expresidente Donald Trump sobre las importaciones de acero a Estados Unidos, así como las elevadas tarifas por emisiones de CO2 y los altos costos de energía en el Reino Unido. A pesar de que el gobierno británico ofreció una suma de 500 millones de libras para mantener en funcionamiento el horno de la planta, Jingye rechazó la oferta, lo que ha llevado a la administración del primer ministro Keir Starmer a actuar con urgencia.
Medidas de emergencia del gobierno británico
El primer ministro Starmer convocó a los legisladores de regreso de su receso de Pascua para aprobar un proyecto de ley de emergencia que permitiría al Reino Unido intervenir y tomar control de cualquier «empresa siderúrgica» que se encuentre en riesgo de detener su actividad. Esta medida es extraordinaria y no se había visto desde la Guerra de las Malvinas en 1982. El texto del proyecto de ley establece que el Secretario de Estado tiene la facultad de realizar cualquier acción necesaria para asegurar el uso continuo y seguro de los activos de la planta.
Starmer ha declarado que la intervención del gobierno es esencial para proteger la manufactura de acero en el Reino Unido. Aunque Jingye sigue siendo el propietario de la planta en este momento, la nacionalización se considera una «opción probable», según el Secretario de Estado para Negocios y Comercio, Jonathan Reynolds. Este último ha señalado que el valor de mercado de British Steel es «efectivamente cero», lo que implica que los contribuyentes británicos tendrían que asumir las pérdidas diarias de la planta.
En este contexto, el gobierno británico está buscando activamente una empresa que esté dispuesta a comprar y hacerse cargo de British Steel, lo que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar soluciones sostenibles para la industria del acero en el país.
