El Anteproyecto Español de Ley sobre Inteligencia Artificial y su Régimen Sancionador
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ha sido aclamado por establecer un régimen sancionador robusto que incluye multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual mundial de la empresa infractora en caso de incumplimiento. Sin embargo, este reglamento deja a la discreción de cada Estado miembro la determinación de sanciones para las administraciones públicas, lo que ha generado preocupación en diversos sectores. En el caso del anteproyecto español de ley, que busca desarrollar el marco europeo, las organizaciones defensoras de derechos digitales critican que las sanciones propuestas para el sector público se limiten a amonestaciones y apercibimientos, lo que se considera insuficiente ante el potencial uso indebido de tecnologías de alto riesgo.
Las alegaciones presentadas por ocho asociaciones en defensa de los derechos digitales subrayan que la exclusión de la imposición de multas a organismos públicos no solo crea un agravio comparativo respecto a las empresas, sino que también representa un riesgo significativo para los derechos de los ciudadanos. En su opinión, esto podría permitir que las autoridades públicas utilicen tecnologías prohibidas sin repercusiones reales. Por tanto, estas organizaciones abogan por que se impongan multas administrativas en caso de malos usos de la inteligencia artificial por parte de la administración y que se definan claramente las «actuaciones disciplinarias» mencionadas en el anteproyecto.
Actualmente, el anteproyecto se encuentra en fase de consulta pública, y el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública está evaluando un alto volumen de alegaciones. Aunque se espera que el texto final sea presentado ante el Congreso de los Diputados, las preocupaciones sobre la falta de un régimen sancionador efectivo para el sector público persisten. Especialistas en derecho digital advierten que un marco normativo sin sanciones concretas pierde su capacidad disuasoria. La creación de un registro de algoritmos públicos, propuesto por el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, podría ser un paso hacia un control más efectivo y una mayor transparencia en el uso de la inteligencia artificial por parte de las instituciones públicas.
