Recientemente, el estado de Virginia Occidental prohibió la venta de siete colorantes alimentarios artificiales, sumándose así a un creciente número de estados en EE. UU. que están implementando regulaciones sobre prácticas de fabricación de alimentos, ingredientes permitidos y etiquetado de productos. Esta situación plantea un reto significativo para los fabricantes de alimentos, quienes deben adaptarse a diferentes normativas en múltiples mercados.
Desafíos de la regulación alimentaria a nivel estatal
Un estudio de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign examina cómo los fabricantes responden a estas regulaciones estatales y qué factores influyen en sus decisiones. Según Maria Kalaitzandonakes, profesora asistente en el Departamento de Economía Agrícola y del Consumidor, los estados tienen la potestad constitucional de proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos. Sin embargo, este enfoque regulador a nivel estatal puede resultar en un complicado mosaico de normativas que dificulta la operativa de las empresas que comercializan sus productos en varios estados.
Kalaitzandonakes, junto con el coautor William Ridley, también profesor asistente en el mismo departamento, desarrollaron un modelo que describe las posibles respuestas de los fabricantes ante las regulaciones estatales. Tras consultar a diversos productores de alimentos, confirmaron que su modelo se alineaba con las estrategias implementadas por las empresas para adaptarse a los cambios normativos.
Los investigadores identificaron cuatro opciones principales que los fabricantes pueden elegir ante las regulaciones alimentarias estatales: primero, actualizar sus productos para cumplir con los estándares más exigentes y vender la nueva versión en todos los mercados; segundo, mantener dos versiones distintas del producto, una para el estado regulado y otra para el resto del país; tercero, retirar el producto del mercado más estricto y continuar vendiendo la versión original en los demás estados; y finalmente, ignorar las regulaciones y seguir comercializando el producto original, a riesgo de enfrentar sanciones legales.
La elección de cada fabricante depende de varios factores, como los costos de cumplimiento, el tamaño del mercado regulado, los costos y la probabilidad de sanciones, así como las repercusiones en la demanda del consumidor. El estudio aplicó su modelo a tres casos específicos para ilustrar las respuestas de los fabricantes en diversas situaciones.
En 2014, Vermont implementó una ley que exigía el etiquetado obligatorio de ingredientes genéticamente modificados. La mayoría de las empresas optó por crear una versión de su producto que cumpliera con los requisitos de Vermont para venderla a nivel nacional. Sin embargo, debido al tamaño reducido del mercado de Vermont, algunos productores decidieron salir temporalmente del estado hasta que pudieran realizar los cambios necesarios para cumplir con la ley.
En 2019, Illinois promulgó una ley que requería el etiquetado de alérgenos para productos que contenían sésamo. Dado que las consecuencias de no cumplir con esta normativa eran mínimas, algunas empresas optaron por ignorar el requisito. Por otro lado, el tercer estudio de caso se centró en la reciente prohibición de California sobre cuatro aditivos alimentarios, que se implementará en 2027. Dado el tamaño del mercado californiano, detener las ventas en este estado es poco probable para la mayoría de las empresas, lo que hace que mantener líneas de producción y distribución separadas resulte complicado y costoso.
Para muchos fabricantes, reformular sus productos para cumplir con la ley y venderlos a nivel nacional es la opción más viable. Sin embargo, esta estrategia se complica a medida que proliferan más regulaciones estatales sobre aditivos alimentarios, como la reciente expansión de Virginia Occidental sobre colorantes alimentarios.
Cuando múltiples estados legislan sobre un mismo tema pero las normas no están armonizadas, la complejidad de la situación puede aumentar dramáticamente. Las diferencias en las leyes estatales—por ejemplo, en los ingredientes que cubren, las excepciones y los plazos—pueden crear obstáculos adicionales e incertidumbre para las empresas que intentan cumplir con las normativas.
En algunos casos, la regulación estatal puede llevar a la intervención del gobierno federal. Un ejemplo de ello es la reciente aprobación por parte del Congreso de un mandato nacional para etiquetar ingredientes genéticamente modificados en los alimentos, así como la expansión de las regulaciones de etiquetado de alérgenos para incluir el sésamo. Este es un resultado esperado, ya que el gobierno federal tiene la responsabilidad de facilitar el comercio interestatal.
La regulación estatal puede ser un poderoso motor para la regulación federal. Cada vez son más visibles las iniciativas que abogan por cambios en la regulación alimentaria a nivel estatal, tanto para modificar el comportamiento de las empresas como para impulsar cambios en la normativa nacional.
