La Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés), que cumple 50 años, fue en su momento un ejemplo de unidad bipartidista en Estados Unidos, firmada por el presidente Richard Nixon con un apoyo político casi unánime. Su objetivo era claro: proteger las especies en peligro y permitir su recuperación utilizando la mejor ciencia disponible. Sin embargo, como revela un estudio de caso sobre el oso grizzly en el Ecosistema de Yellowstone, la gestión de la vida silvestre bajo la ESA ha cambiado, convirtiéndose en un campo de batalla político donde la ciencia es cada vez más ahogada por la ideología partidista, los retrasos burocráticos y los intereses políticos en competencia.
El oso grizzly, símbolo cultural del Oeste americano, encarna esta transformación. Clasificado como amenazado en 1975, cuando su número se redujo a menos de 1,000 y su hábitat se contrajo en un 98%, ha logrado salir del borde de la extinción. En la actualidad, la población en el Ecosistema de Yellowstone supera los 700 individuos, una cifra que superó los objetivos de recuperación establecidos por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Según los propios criterios de la ESA, esto es una historia de éxito, lo que significa que el oso grizzly es elegible para su “deslistado”.
No obstante, los intentos de eliminar las protecciones federales en 2007 y 2017 fueron anulados por los tribunales, no por falta de pruebas científicas, sino porque el proceso se ha convertido en un imán para los intereses políticos. El estudio examina 750 documentos y 2,832 citas de partes interesadas para rastrear esta politización. Históricamente, la gestión de la vida silvestre ha estado en manos de científicos de agencias del poder ejecutivo, expertos en interpretar datos científicos interdisciplinarios y equilibrar tanto las necesidades humanas como las ecológicas.
La gestión de la vida silvestre convertida en política
Este conflicto revela una realidad contundente: la gestión de la vida silvestre ya no se trata solo de ciencia, sino de quién domina el discurso político y el poder que lo acompaña. Legisladores como el senador de Wyoming, John Barrasso, proclaman: “El grizzly está completamente recuperado en Wyoming. Fin de la historia”, abogando por el control estatal y criticando a la ESA como una ley obsoleta y lenta.
Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus abogados, como el conocido grupo de defensa ambiental Earthjustice, argumentan que el deslistado es prematuro, citando «presiones políticas» que anulan «las evidencias biológicas». Los tribunales, a su vez, han mostrado su poder, con fallos que dependen del papel de la conectividad genética en la recuperación de la población. Los ganaderos, que ven un aumento en los conflictos con los osos grizzly, consideran estos desarrollos científicos como retrasos intencionados para el deslistado en lugar de avances en el campo de la conservación. No hay respuestas fáciles.
Los legisladores ven el deslistado como una forma de recuperar la autoridad estatal ante lo que consideran una usurpación federal. Su retórica, cargada de apelaciones populistas a la comunidad ganadera del Oeste, presenta a los grizzlies como una especie recuperada y a los burócratas en Washington como los que obstaculizan el proceso de entrega de la gestión a los estados. Por otro lado, las ONG y los defensores legales recurren a los tribunales para mantener la supervisión federal, advirtiendo que la gestión estatal podría desencadenar temporadas de caza irresponsables y poner en peligro la supervivencia a largo plazo de la especie.
El debate ha cambiado de manos, con los políticos como las voces predominantes en las conversaciones sobre la recuperación de la ESA. Su influencia ha crecido tres veces en comparación con las voces científicas de las agencias. Las ONG y los abogados están moldeando el debate sobre la ciencia de la vida silvestre, potenciados por los litigios que mantienen a los grizzlies en la lista. Incluso las tribus, históricamente marginadas, encuentran en los tribunales su plataforma más fuerte, lo que indica que los sistemas políticos aún fallan al integrar las perspectivas indígenas fuera de la litigación.
Lo que se ha perdido en este debate es la intención original de la ESA: un proceso impulsado por la ciencia para recuperar especies y luego permitir que los expertos de las agencias federales se retiren para que los estados, que pueden representar mejor los intereses locales, gestionen esas especies. Esta politización amenaza el futuro de la ESA. Cuando los políticos superan a los científicos, cuando los tribunales dictan la biología o retrasan respuestas de gestión oportunas, y cuando la recuperación se convierte en una moneda de cambio, la ley corre el riesgo de perder su credibilidad ante el público.
La saga del grizzly sugiere un camino a seguir: las agencias deben adaptarse a esta realidad política, en lugar de retirarse de ella. Los científicos no pueden permitirse «mantenerse al margen de la política» cuando las especies protegidas, como los grizzlies, son un imán para el debate político. Grupos de múltiples partes interesadas, como el Comité Interagencial del Oso Grizzly, ofrecen un modelo que une agencias, estados, tribus y ONG para abordar problemas complejos como la genética de manera colaborativa, en lugar de a través de interminables litigios en los tribunales.
El destino del oso grizzly no es solo un asunto de una especie; este patrón se repite en una variedad de especies en el Oeste y más allá. Este será el mayor desafío para los gestores de vida silvestre en una era de creciente polarización. Si la ESA ha de perdurar otros 50 años, debe evolucionar más allá de un ideal científico hacia un marco que navegue por la complicada política humana de la conservación.
