El gobierno de Donald Trump ha propuesto una modificación significativa a la definición de «daño» en la Ley de Especies en Peligro de Extinción (ESA, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa, anunciada el pasado miércoles, busca excluir de esta definición la degradación del hábitat de las especies protegidas, permitiendo así una mayor intervención humana en entornos ecológicamente sensibles.
La propuesta de la Administración de Trump, respaldada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, sugiere que las acciones que deterioren los hábitats de las especies protegidas no deberían ser consideradas como «daño». Este cambio legislativo ha despertado la preocupación de numerosos grupos medioambientales, quienes advierten que esta medida podría facilitar actividades industriales, como la tala de árboles, la extracción de petróleo y la minería, comprometiendo así la supervivencia de diversas especies en peligro.
Reacciones de los grupos ambientales
La organización Earthjustice, especializada en leyes medioambientales, ha subrayado que durante los últimos 50 años, la ESA ha sido crucial para la conservación de numerosas especies emblemáticas de EE. UU., como el águila calva, el lobo gris y el manatí de Florida. Según esta organización, el éxito de la ley se debe en gran medida a su actual definición de daño, que reconoce que la destrucción de un ecosistema esencial para la supervivencia de una especie equivale a causarle daño directo.
Noah Greenwald, codirector de especies en peligro del Centro para la Diversidad Biológica, ha declarado que «no hay forma de proteger a los animales y plantas de la extinción sin preservar los lugares donde viven». La administración Trump, con esta propuesta, estaría abriendo las puertas a una destrucción de hábitats «incalculable», poniendo en riesgo la existencia de especies como el búho manchado, las tortugas marinas y el salmón.
La propuesta ahora se someterá a un período de comentarios públicos de 30 días, en el que se espera una fuerte oposición por parte de los defensores del medio ambiente, quienes están dispuestos a llevar la disputa a los tribunales si la modificación avanza.
Desde su promulgación en 1973, la Ley de Especies en Peligro de Extinción ha sido un pilar fundamental en la conservación de la biodiversidad en los Estados Unidos, salvando a numerosas especies de la extinción. La administración Trump ha manifestado, en repetidas ocasiones, su intención de desmantelar regulaciones medioambientales en nombre del desarrollo económico. En este contexto, el Secretario del Interior, Doug Burgum, había ya señalado la necesidad de liberar el potencial energético del país, lo que podría implicar la explotación de paisajes frágiles desde el Ártico hasta el Gran Cañón.
Además, Trump ha anunciado recortes significativos en la plantilla de la Agencia de Protección Ambiental, lo que refuerza la percepción de que su administración prioriza el crecimiento económico sobre la protección del medio ambiente.
