El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha denunciado lo que considera una doble moral por parte de la Unión Europea (UE) al permanecer en silencio ante la detención de Yevgenia Gutsul, gobernadora electa de la región autónoma de Gagauzia en Moldavia. Gutsul fue arrestada bajo acusaciones relacionadas con su campaña electoral de 2023, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de respuesta del bloque europeo.
Fidan subrayó que, mientras la UE ha sido muy vocal en el caso de Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul y posible rival del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, no ha mostrado la misma preocupación por situaciones similares en otros países. En sus declaraciones, el ministro turco comparó la situación de Gutsul con otros casos en Europa, señalando que la falta de condena por parte de la UE en estos incidentes refleja una inconsistencia en su postura sobre la democracia y los derechos humanos.
Comparaciones con otros casos europeos
El ministro turco hizo hincapié en varios ejemplos que, a su juicio, evidencian la hipocresía de la UE. Mencionó el caso de una líder de partido en Francia que fue encarcelada por corrupción, así como el de un candidato en Rumanía que, a pesar de haber ganado las elecciones, fue juzgado antes de la segunda vuelta y se le prohibió participar en la política. Fidan cuestionó por qué la UE no ha condenado estas acciones, sugiriendo que el silencio del bloque en estos casos contrasta con su respuesta activa ante la detención de Imamoglu.
La crítica de Fidan se produce en un contexto donde la UE ha sido acusada de aplicar estándares diferentes según el país y la situación política. Este tipo de acusaciones no son nuevas y reflejan tensiones existentes entre Turquía y la UE, especialmente en lo que respecta a la política interna y la gestión de la democracia en la región.
La situación en Moldavia, y en particular el caso de Gutsul, pone de relieve la complejidad de las relaciones internacionales en Europa del Este, donde los intereses geopolíticos a menudo influyen en la respuesta de las instituciones europeas. La falta de una postura clara por parte de la UE en este caso podría tener repercusiones no solo para la política moldava, sino también para la percepción de la UE como defensora de la democracia y los derechos humanos en la región.
