Beijing ha decidido sancionar a individuos en Estados Unidos como respuesta a las recientes medidas adoptadas por Washington contra seis funcionarios chinos en Hong Kong. Esta acción se enmarca en un contexto de creciente tensión entre ambas potencias, donde el gobierno chino busca enviar un mensaje claro sobre su postura respecto a la autonomía de la ciudad.
Durante una rueda de prensa habitual, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, anunció que el país está dirigiendo sus sanciones a miembros del Congreso estadounidense, funcionarios gubernamentales y líderes de ONG que, según él, han actuado de manera «egregia» en relación con los asuntos de Hong Kong. Guo describió la medida como un reproche a la «interferencia» estadounidense en los asuntos de esta región autónoma.
El pasado marzo, el Departamento de Estado de EE. UU. acusó a Beijing de utilizar sus leyes para «intimidar, silenciar y acosar a 19 activistas pro-democracia» en Hong Kong, lo que ha llevado a muchos a abandonar el territorio. En respuesta, Estados Unidos impuso sanciones a aquellos que considera responsables, incluyendo al Secretario de Justicia de Hong Kong, Paul Lam, y a cinco funcionarios relacionados con la seguridad.
El contexto histórico y político de Hong Kong
Hong Kong opera bajo un marco legal y político que ha sido moldeado por sus 156 años de dominio británico, que concluyó en 1997. A lo largo de la última década, la ciudad ha sido escenario de múltiples olas de protestas violentas, las cuales los activistas atribuyen a las crecientes injerencias de Beijing en las libertades tradicionales de la región. Estas tensiones alcanzaron su punto máximo durante las manifestaciones de 2019.
El gobierno chino sostiene que estos eventos fueron orquestados por potencias occidentales con el objetivo de socavar la soberanía china. En respuesta a las protestas, el gobierno nacional aprobó en 2020 una nueva ley de seguridad que otorga a las autoridades locales mayores poderes para abordar las amenazas a la seguridad. Esta legislación ha sido condenada por Estados Unidos y otras naciones occidentales, que argumentan que viola los términos del traspaso de Hong Kong a China.
Las tensiones entre Washington y Beijing no se limitan a Hong Kong, sino que también se extienden a disputas comerciales y a la situación en Taiwán. La isla, que se gobierna de manera autónoma, depende de Estados Unidos para su defensa. Mientras China aboga por una reunificación pacífica, ha advertido que cualquier intento de declarar la independencia formal podría desencadenar un conflicto armado. Beijing sostiene que ciertos sectores dentro del gobierno estadounidense están impulsando a Taiwán hacia esta peligrosa dirección.
