Recientemente, se han hecho públicos documentos que detallan los planes del gobierno de Nueva Zelanda para establecer un marco regulatorio que permita la captura y almacenamiento de carbono. Este avance es relevante en el contexto de la lucha contra el cambio climático, aunque también revela indecisiones en aspectos clave como el marco legal y la agencia responsable de su gestión.
El plan se centra principalmente en las tecnologías convencionales de captura y almacenamiento de carbono, que eliminan el dióxido de carbono de los flujos de gases industriales y lo disponen en formaciones geológicas profundas. Además, incluye métodos emergentes de eliminación de dióxido de carbono, como el desgaste de rocas mejorado, la captura de bioenergía y la captura directa del aire, tecnologías que aún no han sido probadas comercialmente y que no dependen del consumo de combustibles fósiles.
Marco de comercio de emisiones
Ambos tipos de tecnologías se beneficiarán de la decisión del gobierno de permitir que las empresas obtengan créditos en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) de Nueva Zelanda por la eliminación de dióxido de carbono de cualquier fuente. Los créditos no estarán vinculados a una tecnología específica, lo que promueve la diversidad en los actores y en los sistemas de eliminación.
El gobierno asumirá la responsabilidad por cualquier fuga de dióxido de carbono de almacenamiento geológico, pero solo después de verificar que los fluidos en el subsuelo se comportan como se espera, y no antes de 15 años tras el cierre del sitio. Aunque es poco probable que ocurran fugas tanto tiempo después de la inyección, es fundamental contar con una regulación sólida, garantías financieras para acciones correctivas y reglas de responsabilidad claras.
Además, los créditos del ETS solo estarán disponibles para eliminaciones que puedan ser reconocidas internacionalmente en relación con los compromisos de Nueva Zelanda para reducir emisiones. Esto se aplicaría únicamente al almacenamiento geológico, excluyendo la deposición en océanos profundos o el desgaste de rocas.
Sin embargo, las normas internacionales ya permiten incluir en el inventario nacional de gases de efecto invernadero las eliminaciones provenientes de cualquier proceso. Se espera que metodologías detalladas para la eliminación de dióxido de carbono estén disponibles en los próximos años, lo que podría facilitar que el nuevo régimen de Nueva Zelanda permita que una amplia gama de métodos de eliminación reciban créditos.
Un nuevo régimen regulatorio
Los documentos reconocen que Nueva Zelanda necesita un régimen regulatorio más amplio, más allá del ETS, para cubrir todo el proceso de eliminación de dióxido de carbono. Esto implica que debe verificarse la idoneidad del sitio de disposición, realizar una caracterización geológica detallada y aprobar el diseño y operación del proyecto. También es necesaria la aprobación de los planes de cierre y post-cierre, así como un monitoreo sistemático que sea preciso, verificable y rentable. El operador deberá financiar el monitoreo durante décadas después del cierre del sitio.
A pesar de los avances, el gobierno aún no ha decidido dónde se ubicará este nuevo régimen dentro del marco legislativo, ni quién será el encargado de su gestión. Gran parte del contenido relevante de los documentos ha sido redactado. Una posibilidad es el Acta de Minerales de la Corona, que se centra en la extracción, no en la disposición. Aunque la unidad de petróleo y minerales de Nueva Zelanda tiene experiencia en la regulación de operaciones subsuperficiales, su enfoque es mayormente en petróleo y gas, no en proyectos climáticos innovadores.
Por otro lado, la Ley de Gestión de Recursos proporciona un régimen de aprobación regulatoria, pero está a la espera de reformas y requeriría cambios significativos para abordar adecuadamente la captura y almacenamiento de carbono o los métodos de eliminación. Cada legislación necesitaría añadir una nueva parte, con sus propios principios y procedimientos, lo que sugiere la viabilidad de una nueva ley independiente que se alinee con la emergente Ley de Medio Ambiente Natural, que reemplazará a la Ley de Gestión de Recursos.
La nueva legislación y régimen regulatorio podrían ser administrados por la Autoridad de Protección Ambiental, que ya está involucrada en aprobaciones rápidas y llamadas bajo la Ley de Gestión de Recursos, así como en la legislación sobre la zona económica exclusiva y el ETS. Sin embargo, es razonable suponer que podrían surgir tensiones entre diferentes facciones del gobierno. Lo que se debe exigir es un marco legislativo e institucional que permita que las tecnologías de captura y almacenamiento o eliminación de carbono evolucionen y crezcan sin ser meras extensiones de la industria del petróleo y gas u otros sectores existentes.
En el esfuerzo por reducir las emisiones, es fundamental asegurar que estén disponibles todas las tecnologías de eliminación que realmente se adapten a las necesidades de Nueva Zelanda.
