El gobierno sudanés ha anunciado la clausura de su embajada en Abu Dhabi como respuesta a lo que califica como actos de agresión por parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Esta decisión se produce en el contexto de una ruptura de relaciones diplomáticas entre Sudán y el país del Golfo, tras las acusaciones de que los EAU han estado apoyando a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar que se enfrenta a las fuerzas armadas sudanesas en un conflicto civil prolongado.
El ministro de Defensa sudanés, Yassin Ibrahim, ha señalado que los EAU han violado la soberanía de Sudán al suministrar armas a su “agente local”, las RSF, a las que Khartoum responsabiliza de recientes ataques con drones en el puerto de Sudán y otros actos de agresión. En una reunión de emergencia presidida por el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, el Consejo de Seguridad y Defensa de Sudán decidió declarar a los EAU como un estado agresor, romper las relaciones diplomáticas y retirar la embajada y el consulado sudaneses.
Relaciones históricas y contexto del conflicto
Sudán fue uno de los primeros países en establecer relaciones con los EAU tras su formación en 1971, y a lo largo de los años, ambas naciones han mantenido lazos mayormente cordiales. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente desde la caída del expresidente sudanés Omar al-Bashir en 2019, momento en el que Abu Dhabi se posicionó como un actor clave en la transición política de Sudán.
La ruptura diplomática se produce tras un revés para Sudán en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que el lunes desestimó un caso de genocidio presentado por Khartoum contra los EAU. Sudán había acusado a Abu Dhabi de proporcionar armas y financiación a las RSF, especialmente en el contexto de la violencia étnica contra el pueblo masalit en Darfur Occidental. La CIJ determinó que carecía de jurisdicción para tratar la denuncia, citando la reserva de los EAU al unirse a la Convención sobre el Genocidio en 2005.
Los EAU han rechazado las acusaciones de Sudán, calificándolas de “infundadas” y han acogido con satisfacción la decisión de la CIJ como una confirmación de que el caso carecía de fundamento.
Desde el estallido del conflicto en abril de 2023, más de 24,000 personas han perdido la vida y más de 14 millones han sido desplazadas, con la mitad de la población enfrentándose a una aguda crisis de hambre, según datos de las Naciones Unidas. El gobierno sudanés ha acusado a las RSF de llevar a cabo tres días de ataques contra infraestructuras críticas en Port Sudán, el principal puerto del país y su capital administrativa de facto, lo que ha interrumpido el tráfico aéreo y detenido las operaciones humanitarias en una ciudad que había estado relativamente a salvo del conflicto durante dos años.
