Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania sugiere que los programas de conservación que buscan fomentar prácticas agrícolas sostenibles mediante incentivos económicos podrían ser más eficaces si se dirigen a las granjas rurales en lugar de a las urbanas. Publicado en la revista Land Economics, el análisis se centra en la adopción de prácticas de gestión que promueven la conservación del agua, las cuales son incentivadas por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA).
Los investigadores encontraron que los agricultores en áreas más rurales de Pensilvania mostraron una mayor probabilidad de adoptar estas prácticas únicamente cuando se les ofrecieron incentivos financieros. En cambio, los agricultores en áreas urbanas tendieron a adoptar estas prácticas de forma voluntaria, independientemente de los incentivos disponibles.
Implicaciones para los responsables de políticas públicas
Douglas Wrenn, profesor asociado de economía ambiental y de recursos y autor principal del estudio, destaca que estos hallazgos tienen importantes implicaciones para los responsables de políticas que buscan optimizar la eficacia de los programas de conservación. Wrenn argumenta que, si se asume que los beneficios son uniformes en todo el estado, sería más rentable dirigir los recursos hacia las granjas situadas en áreas rurales. Según sus palabras, «las granjas en áreas más urbanas parecen estar implementando más prácticas por su cuenta, lo que implica que dirigir el dinero hacia lugares más rurales proporcionará un mayor retorno de inversión».
El estudio también menciona la cuenca del río Chesapeake, que abarca una gran parte de Pensilvania y ha sido objeto de programas de conservación durante décadas. La EPA ha establecido niveles máximos de contaminación para estas aguas, a los que los estados deben adherirse conforme a la Ley de Agua Limpia. Entre los contaminantes se encuentran el nitrógeno y el fósforo, que ingresan a los cuerpos de agua a través del escurrimiento de estiércol y fertilizantes.
Wrenn aclara que, aunque la EPA tiene la capacidad de regular fábricas y plantas de tratamiento de aguas residuales, no puede extender esta regulación a granjas individuales. Por lo tanto, los reguladores recurren a incentivos económicos, pagando a los agricultores para que implementen prácticas como fosas de estiércol y franjas de vegetación ribereña.
Para maximizar la eficiencia de estos programas, Wrenn explica que los reguladores deben concentrar sus esfuerzos en aquellos agricultores que, de otro modo, no adoptarían estas prácticas, un concepto conocido como «adicionalidad». «La idea es que si vas a utilizar fondos públicos para pagar a alguien por hacer algo considerado un bien social, como limpiar un arroyo, quieres que esos fondos generen un impacto que de otro modo no ocurriría», añade.
En el estudio, los investigadores analizaron datos sobre viviendas unifamiliares y 3,743 granjas en 38 condados de Pensilvania. Esto les permitió medir la densidad de población alrededor de cada granja, obteniendo información sobre su localización en áreas más rurales o urbanas. Se descubrió que, en general, la adicionalidad disminuía entre 10 y 15 puntos porcentuales en las áreas de mayor densidad en comparación con las de menor densidad. Las granjas en las zonas más rurales tenían una adicionalidad entre el 85% y el 90%, mientras que en las áreas urbanas esta cifra caía al 70% y 75%.
El profesor Wrenn señala que, aunque la diferencia no es abrumadora, podría traducirse en millones de dólares anuales que estos programas podrían ahorrar al dirigir sus esfuerzos hacia ciertas áreas. No obstante, advierte que la adicionalidad es solo una parte del rompecabezas. Investigaciones futuras podrían analizar los beneficios derivados de estos programas en distintas áreas, en términos de cuántas personas disfrutan de aguas más limpias gracias a la implementación de estas prácticas por parte de los agricultores.
Por último, Wrenn subraya que, aunque la adicionalidad es menor en áreas urbanas, las prácticas implementadas podrían contribuir a la limpieza de arroyos y ríos frecuentados por una mayor cantidad de personas. Esto sugiere que, a pesar de la menor adicionalidad, el impacto global podría ser mayor en áreas urbanas, un aspecto que podría ser objeto de análisis en futuras investigaciones.
El estudio fue coautorado por Junyi Hua, de la Universidad de la Ciudad de Macao, y H. Allen Klaiber, de la Universidad Estatal de Ohio.
