Controversia en Villamayor de Gállego por el Proyecto de un Gran Centro de Datos
Marysol Ruberte, concejala de Villamayor de Gállego, se encontró en una situación inesperada al enterarse a través de los medios de comunicación del anuncio del presidente de Aragón, Jorge Azcón, sobre la construcción de un gran centro de datos por parte del fondo Azora en su localidad. Esta infraestructura ocuparía 80 hectáreas de terreno agrícola y tendría una capacidad inicial de 150 megavatios, ampliable hasta 300 megavatios, lo que la convertiría en una de las más grandes de España. A pesar de su papel en el gobierno local, Ruberte no fue informada previamente, lo que generó tensiones con el alcalde, José Luis Montero Lostao, quien expresó su desacuerdo con el proyecto y su preocupación por las implicaciones para el crecimiento del municipio.
La gestión del proyecto se ha llevado a cabo mediante la declaración de interés general, un mecanismo que facilita los trámites burocráticos y exime de impuestos municipales a inversiones consideradas estratégicas. Sin embargo, tanto Montero como Ruberte han manifestado su rechazo a la instalación, alegando que perjudicaría el desarrollo futuro de Villamayor. Durante una reunión con representantes del Gobierno de Aragón, el alcalde argumentó que no se había consultado al Ayuntamiento antes de hacer el anuncio oficial. Por su parte, la empresa Azora asegura haber mantenido conversaciones con el Consistorio, aunque Montero ha negado que se hayan concretado acuerdos.
La ubicación de Villamayor, cerca de Zaragoza y con acceso a la autopista A2, la convierte en un lugar atractivo para este tipo de proyectos. Sin embargo, el Ayuntamiento está preocupado por el impacto energético y la necesidad de recursos hídricos que conllevaría la construcción del centro de datos. Montero ha planteado dudas sobre la capacidad del municipio para abastecer las necesidades de agua de la nueva infraestructura, especialmente en épocas de sequía. Además, el equipo de gobierno, que cuenta con el respaldo de los siete ediles del Ayuntamiento, ha presentado alegaciones contra el proyecto y ha expresado su temor a que el Gobierno de Aragón ignore sus preocupaciones, lo que podría llevar a un enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la administración autonómica.
