La crisis migratoria en las fronteras del sur de Europa ha alcanzado un punto crítico, resultado de políticas que han intentado contener el flujo de refugiados, pero que han terminado por trasladar la responsabilidad a países africanos que ya enfrentan su propia inestabilidad. Este fenómeno se ha vuelto especialmente evidente en Libia, donde alrededor de 4 millones de migrantes africanos viven sin estatus legal, lo que representa más de la mitad de la población oficial del país, que es de 7.5 millones. La intervención occidental en Libia ha dejado al país en un estado de caos, convirtiéndolo en un trampolín para aquellos que buscan alcanzar las costas europeas.
La Unión Europea (UE) ha estado forjando una red de acuerdos con países africanos y de Oriente Medio, con el objetivo de mantener a los migrantes alejados de sus fronteras mediante una combinación de incentivos financieros y presión política. A pesar de una reciente disminución en los cruces ilegales de fronteras, el problema sigue siendo agudo. Según Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, el número de cruces ilegales disminuyó un 25% en los primeros meses de 2025, pero las rutas principales ahora pasan por África Occidental y el Mediterráneo Central, con migrantes que provienen de países como Afganistán, Bangladesh y Mali.
La realidad de Libia: Campamentos, esclavitud y muertes en el mar
La situación crítica en Libia es una consecuencia directa de los intentos de Europa por contener la migración. Según el Ministerio del Interior libio, más de 4 millones de extranjeros se encuentran actualmente en el país, la mayoría de ellos indocumentados y muchos retenidos en centros de detención que, en medio de la anarquía y el tráfico de drogas, se han convertido en verdaderas prisiones. Organizaciones internacionales han documentado mercados de esclavos y secuestros de migrantes para trabajos forzados o rescate. Aquellos que no logran llegar a Europa enfrentan dos opciones: deportación o muerte en el Mediterráneo.
La UNICEF reportó que más de 2,200 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 2024, incluyendo alrededor de 1,700 a lo largo de la ruta central. Durante una reunión en el Ministerio del Interior del Gobierno de Unidad Nacional en Trípoli, el ministro Emad Al-Trabelsi declaró que Libia no puede afrontar esta situación por sí sola, dada sus propias problemáticas de seguridad y económicas. Hizo un llamado a los países occidentales para que ayuden a fortalecer las fronteras del sur de Libia y proporcionen apoyo más amplio al país.
Italia, uno de los primeros destinos para muchos migrantes, ha propuesto el Plan Mattei, una iniciativa multimillonaria destinada a invertir en energía, agricultura, suministro de agua, salud y educación en países africanos. Este plan busca fomentar el desarrollo económico en África para reducir los incentivos a la migración. Sin embargo, Italia también está adoptando métodos de «externalización» de migrantes, que implica trasladarlos a terceros países. Albania se perfila como un posible centro de procesamiento de migrantes, donde se espera que se establezcan centros de selección de migrantes bajo la autoridad de Roma.
El Reino Unido, por su parte, ha intentado implementar un plan para deportar migrantes a Ruanda, lanzado por Boris Johnson en 2022, que ha sido declarado «muerto y enterrado» por el nuevo primer ministro Keir Starmer. Este plan, que buscaba deportar a aquellos que llegaban ilegalmente al Reino Unido, ha demostrado ser ineficaz, afectando a menos del 1% de los migrantes ilegales en varios años, mientras que el número de cruces en el Canal de la Mancha sigue en aumento.
La UE ha firmado varios acuerdos con países africanos, como Túnez y Mauritania, con el objetivo de frenar la migración irregular. Sin embargo, estos acuerdos a menudo vienen acompañados de demandas políticas, como el fin de la representación mediática negativa de ciertos líderes africanos. A medida que las políticas anti-migratorias se endurecen en Libia, los solicitantes de asilo están comenzando a buscar nuevas rutas, y Mauritania ha surgido como un importante centro de tránsito para migrantes que se dirigen a Europa.
La experiencia de Libia sugiere que los países que aceptan albergar migrantes heredan problemas que solo agravan sus ya frágiles situaciones económicas y de seguridad. Los estados del norte de África se convierten en rehenes de estos acuerdos, asumiendo la responsabilidad de albergar, registrar y gestionar a personas que la UE ya no desea tratar, arriesgándose a convertirse en nuevos focos de crimen transfronterizo, trata de personas y abusos a los derechos humanos.
