El pasado lunes, un grupo de 59 sudafricanos blancos llegó a Estados Unidos tras la oferta de asilo realizada por el expresidente Donald Trump, quien calificó la situación en Sudáfrica como un caso de “genocidio”. Esta afirmación ha sido rotundamente rechazada por el gobierno sudafricano, que sostiene que no existe persecución contra la minoría blanca del país ni ataques sistemáticos contra los agricultores blancos.
Los recién llegados, que incluyen a niños pequeños, fueron recibidos en un hangar del aeropuerto cerca de Washington D.C. por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien expresó: “Quiero que todos ustedes sepan que son realmente bienvenidos aquí y que respetamos lo que han tenido que afrontar en estos últimos años”. Landau añadió que muchos de ellos han vivido “invasiones amenazantes de sus hogares y granjas, y una falta real de interés o éxito del gobierno en abordar esta situación”.
Estados Unidos ya había concedido asilo a 54 afrikáners, descendientes de colonos holandeses, que representan aproximadamente el 7% de la población sudafricana. Trump ha reiterado su compromiso de acelerar la naturalización de estos sudafricanos blancos, argumentando que “están siendo asesinados, y no queremos ver a la gente ser asesinada”.
Reacciones en Sudáfrica y el contexto político
Las afirmaciones de Trump sobre un “genocidio blanco” en Sudáfrica han sido respaldadas por su aliado, el multimillonario Elon Musk, nacido en Pretoria. Sin embargo, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha calificado estas alegaciones de “completamente falsas”. El ministro de Relaciones Exteriores, Ronald Lamola, ha declarado que “no hay datos que respalden que haya persecución de sudafricanos blancos o afrikáners en particular, que sean agricultores”.
La atención internacional hacia Sudáfrica se ha intensificado desde la aprobación de una controvertida ley en enero que permite la expropiación de tierras, la mayoría de las cuales pertenecen a agricultores blancos, sin compensación. El gobierno ha enmarcado esta medida como un correctivo a las desigualdades en la propiedad de la tierra que se arrastran desde la época del apartheid.
El portavoz presidencial, Vincent Magwenya, ha enfatizado que el estado “no puede expropiar propiedad de manera arbitraria o para un propósito distinto al de… el interés público”.
