La Industria Cárnica en Brasil y su Impacto Ambiental
En Brasil, un reciente informe ha revelado que los mataderos que alcanzaron un acuerdo con los fiscales brasileños son significativamente más propensos a cumplir con las leyes ambientales que prohíben la compra de ganado de tierras deforestadas ilegalmente. Este hallazgo es parte de un auditoría publicada que destaca las diferencias marcadas entre las empresas que implementan auditorías independientes y aquellas que no lo hacen. Mientras que el 4% del ganado adquirido por las compañías que contrataron auditores provino de zonas de deforestación ilegal, este porcentaje se disparó al 52% en las que no realizaron dicha contratación, evidenciando una falta de cumplimiento 13 veces superior.
El procurador Ricardo Negrini subrayó que estos resultados envían un mensaje claro al mercado y a los consumidores sobre las empresas que verdaderamente están invirtiendo en una producción responsable y transparente. La mayor parte de la tierra desforestada en la Amazonía se convierte en pastizales, y el estado de Pará, cuyo capital es Belém, alberga 25 millones de cabezas de ganado. Este estado es también el mayor emisor de carbono en Brasil, donde la deforestación representa aproximadamente la mitad de las emisiones totales del país. La Amazonía, al actuar como un regulador del clima, juega un papel crucial en la absorción de dióxido de carbono, mientras que la cría de ganado contribuye a un aumento de las emisiones, no solo por la pérdida de árboles, sino también por la producción de metano por parte de los rumiantes.
El acuerdo que dio lugar a estas auditorías se formalizó en 2009 bajo el nombre de Acuerdo de Ajuste de Conducta del Beef Legal, con el objetivo de frenar la compra de ganado criado en áreas deforestadas ilegalmente. Inicialmente implementado en Pará, este acuerdo ha sido expandido a cinco estados más de la Amazonía. Sin embargo, los informes de auditoría solo examinan las compras directas de ganado, dejando fuera un fenómeno conocido como «lavado de ganado», donde los animales son trasladados de áreas ilegales a granjas legales antes de ser vendidos a los mataderos, complicando así la trazabilidad. Las cifras preliminares indican que solo el 38% de los proveedores indirectos de los mataderos cumplían verificablemente con las normativas, lo que pone de manifiesto la necesidad urgente de mejorar la supervisión en toda la cadena de suministro, como advirtió Camila Trigueiro, investigadora de la ONG Imazon, desde Belém.
