El reciente nombramiento del general Gwyn Jenkins como Primer Lord del Mar y Jefe del Estado Mayor de la Armada británica ha suscitado controversia debido a las graves acusaciones que lo rodean. Jenkins, quien fue designado por el rey Carlos III, se enfrenta a serias alegaciones de haber ocultado pruebas sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados de las Fuerzas Especiales británicas (SAS) en Afganistán.
Las acusaciones contra Jenkins se remontan a hace dos años, cuando la BBC informó que, en su calidad de entonces Vicejefe del Estado Mayor de la Defensa, no había trasladado a la Policía Militar Real pruebas sobre ejecuciones extrajudiciales de prisioneros desarmados por parte de los SAS. En ese momento, el Ministerio de Defensa del Reino Unido se abstuvo de comentar sobre las alegaciones, argumentando que no era apropiado hacerlo en el contexto de una investigación en curso.
La situación se complicó aún más cuando, en abril de 2024, el entonces primer ministro Rishi Sunak nombró a Jenkins como Asesor de Seguridad Nacional, un cargo que fue revocado por el gobierno entrante liderado por Keir Starmer. Aunque Starmer no se pronunció sobre nombramientos individuales, subrayó la necesidad de un “proceso abierto y transparente” para futuras designaciones, lo que se interpretó como una crítica a la gestión de Jenkins y su implicación en la investigación.
Obstrucción a testigos clave
Recientemente, un informe de BBC Panorama reveló que Jenkins había supervisado el rechazo de cientos de solicitudes de reubicación de comandos afganos que habían colaborado con las fuerzas británicas y que poseían información crucial sobre las operaciones militares del Reino Unido. Estas decisiones han sido vistas como un intento de bloquear el testimonio de testigos clave en la investigación pública sobre el conflicto afgano, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas del liderazgo militar británico.
El nombramiento de Jenkins en un cargo de alta responsabilidad, a pesar de las acusaciones que lo rodean, ha generado un debate sobre la cultura de impunidad en las fuerzas armadas y la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de investigación en casos de crímenes de guerra. La situación actual pone de relieve la complejidad de la política de defensa británica y la importancia de garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia.
