Un tribunal de Moscú ha impuesto una multa de 7,5 millones de rublos (aproximadamente 93,000 dólares) a la compañía tecnológica estadounidense Apple por violar las leyes rusas que prohíben la promoción de relaciones sexuales no tradicionales. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente represión de la comunidad LGBTQ en Rusia, donde las leyes han sido endurecidas en la última década.
La acusación contra Apple se basa en la distribución de una serie de televisión a través de su plataforma de streaming, que contenía escenas consideradas como promoción de relaciones no tradicionales. Según el regulador de medios ruso, Roskomnadzor, la compañía infringió la Parte 3 del Artículo 6.21 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia, que se refiere a la promoción de preferencias sexuales no tradicionales, la reasignación de género y la ideología de no tener hijos.
Detalles del juicio y antecedentes legales
El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, debido a la naturaleza confidencial de la información relacionada con los servicios de la empresa y sus comunicaciones internas. No se han proporcionado más detalles sobre el caso ni sobre las partes involucradas. Esta no es la primera vez que Apple enfrenta sanciones en Rusia; en enero de 2024, la compañía fue multada con 10,000 dólares por no eliminar de su aplicación Apple Books el libro ‘Mein Kampf’ de Adolf Hitler, catalogado como material extremista en el país.
Desde 2013, Rusia ha implementado restricciones sobre la difusión de contenido relacionado con la comunidad LGBTQ, comenzando con la prohibición de su difusión entre menores de edad. En 2022, estas restricciones se ampliaron para incluir a adultos, y el año pasado, el movimiento LGBTQ fue designado como una organización terrorista por el gobierno ruso.
La reciente multa a Apple refleja un entorno cada vez más hostil hacia la diversidad sexual en Rusia, donde las autoridades continúan aplicando una política de censura estricta en torno a temas relacionados con la sexualidad y la identidad de género. La situación plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y los derechos humanos en el país, así como sobre el papel de las empresas tecnológicas en la defensa de estos principios en contextos adversos.
