El Parlamento de Hungría ha aprobado un proyecto de ley que inicia el proceso formal de retirada del país del Tribunal Penal Internacional (TPI). Esta decisión avanza en la agenda del primer ministro Viktor Orbán, quien ha calificado a esta institución como un organismo sesgado y desacreditado.
La Asamblea Nacional aprobó la legislación el pasado martes con 134 votos a favor, 37 en contra y siete abstenciones. Esta votación sigue a una decisión tomada a finales de abril, cuando los legisladores acordaron en principio abandonar el TPI.
El texto del proyecto de ley, publicado en el sitio web del Parlamento, establece que “Hungría rechaza firmemente el uso de organizaciones internacionales, en particular de tribunales penales, como instrumentos políticos”.
Contexto de la Decisión
Hungría se unió al TPI al firmar el Estatuto de Roma en 1999 y ratificarlo en 2001. Sin embargo, Orbán ha afirmado que el país “siempre ha sido tibio” en su membresía. El anuncio de la intención de abandonar la institución se produjo el mes pasado durante una visita estatal del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El TPI había emitido previamente órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, junto a tres líderes de Hamas, en noviembre, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Orbán acusó al TPI de haber perdido su imparcialidad y de haberse convertido en un “tribunal político”, asegurando a Netanyahu que las acciones del tribunal “no tendrán efecto en Hungría”. El primer ministro israelí elogió la postura “valiente y principista” de Hungría frente a lo que calificó de “tribunal corrupto”.
En la actualidad, el TPI es reconocido por 123 países, mientras que entre los no signatarios se encuentran Estados Unidos, Rusia, China e Israel. La corte no dispone de una fuerza policial propia y depende de los estados miembros para detener y transferir a los sospechosos.
En febrero, la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones al TPI y a su fiscal jefe, Karim Khan, por investigar a Netanyahu y Gallant. A principios de este mes, Khan se tomó una licencia de su cargo en medio de una investigación de la ONU sobre alegaciones de conducta sexual inapropiada.
Este año, el TPI también emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada de derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, acusándolos de deportar ilegalmente a niños de territorios ucranianos. Moscú ha rechazado estas acusaciones como “nulas y sin valor”, insistiendo en que los niños fueron evacuados de zonas de conflicto por su seguridad y pueden ser devueltos a sus familias a petición.
Según los términos del Estatuto de Roma, Budapest debe notificar al secretario general de la ONU su intención de retirarse, y la decisión entrará en vigor un año después de dicha notificación.
