Desde 2008, los Estados Unidos han invertido más de 3.000 millones de dólares para ayudar a estabilizar México y frenar la creciente violencia extrema en el país. Sin embargo, la industria de armas estadounidense y los grupos de presión han socavado estos esfuerzos abogando por una regulación laxa y una débil aplicación de la ley. Esta situación ha generado un caos al sur de la frontera, cuyos efectos han repercutido en EE.UU., impulsando el tráfico de drogas ilegales y el crimen organizado.
Por otro lado, la prohibición federal sobre el intercambio de datos de rastreo de armas, establecida por las Enmiendas Tiahrt de 2003, dificulta el seguimiento del comercio ilegal de armas entre EE.UU. y México, lo que complica el estudio de estas dinámicas. Un profesor de desarrollo económico y un periodista de investigación han dedicado un año a examinar documentos para seguir el flujo de armas ilícitas traficadas desde EE.UU. a México y cuantificar las consecuencias de este fenómeno.
El flujo de armas
Para llevar a cabo su análisis, los investigadores recopilaron registros de diversas fuentes para crear una base de datos de armas vendidas por distribuidores de armas con licencia en EE.UU. y traficadas a México. Estas empresas están autorizadas por el gobierno estadounidense para vender o fabricar armas y municiones, e incluyen tiendas independientes, cadenas comerciales y casas de empeño.
El estudio se basó en dos conjuntos de datos obtenidos a través de una solicitud de información a la Secretaría de la Defensa Nacional de México, conocida como SEDENA, y recopilados por la organización Stop U.S. Arms to Mexico. Se combinaron además datos filtrados del gobierno mexicano por el grupo hacktivista Guacamaya, que incluía información sobre más de 24.000 armas de fuego, y un conjunto de datos generado a partir de 100 casos judiciales en EE.UU. relacionados con el tráfico de armas hacia México.
De los 28.000 registros combinados, casi 13.000 estaban vinculados a direcciones de distribuidores de armas con licencia en EE.UU. Sin embargo, en la mayoría de los años, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) no logró determinar el comprador final en aproximadamente la mitad de sus rastreos de armas recuperadas en México. Tras eliminar registros considerados callejones sin salida, se quedaron con 9.014 registros que se pudieron rastrear con confianza hasta vendedores específicos de armas.
Los investigadores estimaron que entre 72.819 y 258.101 armas fueron vendidas en EE.UU. y traficadas a México en 2022, con una estimación media de 135.000 armas. Este flujo de armas está vinculado a un aumento en las tasas de homicidio en México, ya que se determinó que un aumento del 1% en el tráfico de armas conduce a un incremento del 0,48% en las tasas de homicidio. Más de dos tercios de las armas recuperadas en México y rastreadas a un comprador provienen de EE.UU., y solo alrededor del 6% de estas armas fueron importadas legalmente.
El análisis también examinó el impacto de las leyes de regulación de armas en el tráfico. Se demostró que la mayoría de las leyes de armas reducen el tiempo que las armas pasan en el mercado ilícito. En particular, las leyes de purga, que estipulan que el vendedor o el estado deben conservar registros de compras o verificaciones de antecedentes, incrementan significativamente la probabilidad de recuperación de armas ilícitas.
Los hallazgos sugieren que la regulación y la vigilancia más estrictas de los distribuidores de armas pueden ser un medio eficaz para reducir el tráfico de armas hacia México. Sin embargo, el complejo entramado de intereses en el ámbito de las armas en EE.UU. plantea un desafío considerable para cualquier intento de reforma.
