Un juez federal en Boston bloqueó temporalmente, el 23 de mayo de 2025, una orden de la administración Trump que habría revocado la autorización de la Universidad de Harvard para matricular estudiantes internacionales. Esta directiva del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y la subsiguiente demanda de Harvard han elevado el conflicto entre la administración Trump y la prestigiosa institución educativa.
La situación se inscribe en una campaña más amplia de la Casa Blanca para intensificar el control y la supervisión de los ciudadanos extranjeros, incluidos los estudiantes. Los funcionarios de Seguridad Nacional han acusado a Harvard de crear un clima hostil en el campus al albergar a «agitadores antiamericanos» y «pro-terroristas». Estas acusaciones se basan en el supuesto apoyo de la universidad a ciertos grupos políticos y sus actividades en el campus.
En abril, la administración Trump había puesto fin a los estatus migratorios de miles de estudiantes internacionales registrados en una base de datos gubernamental, el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio. Esta base de datos incluye la nacionalidad, la universidad a la que asisten y qué estudian.
Impacto en la economía local y el clima del campus
Prohibir a Harvard matricular estudiantes internacionales podría tener repercusiones significativas en el clima del campus y en la economía local. Los estudiantes internacionales representan el 27% de la matrícula de la universidad. En el área metropolitana de Boston, donde se encuentra Harvard, hay aproximadamente 63,000 estudiantes internacionales que contribuyen con cerca de 3,000 millones de dólares a la economía.
Además, se estima que, por cada tres estudiantes internacionales matriculados en una universidad de EE. UU., se crea un nuevo empleo. En el año académico 2023-2024, se generaron alrededor de 378,175 puestos de trabajo gracias a esta población estudiantil. La disminución de estos estudiantes podría tener un efecto desastroso no solo en la universidad, sino también en las comunidades que dependen de ellos.
La Universidad de Harvard no es la única institución que ha estado bajo la mira de la administración Trump. Se ha amenazado con revocar su estatus fiscal de exención de impuestos, aunque expertos legales advierten que esto tendría que estar respaldado por una auditoría, lo que complica la situación. La presión ejercida por la administración se enmarca en un intento más amplio de controlar a Harvard, que incluye sus políticas de diversidad y respuesta a alegaciones de discriminación en el campus.
La creciente competencia global por atraer estudiantes internacionales también es un tema relevante. A medida que otros países mejoran sus ofertas educativas y facilitan la inmigración para estudiantes, la política de vetos y controles más estrictos podría convertir a EE. UU. en un destino menos atractivo para los académicos de todo el mundo. Esto contradice la narrativa de «America First» que la administración Trump ha promovido, ya que un entorno académico hostil podría obstaculizar el crecimiento económico y la innovación.
Las universidades estadounidenses han desempeñado un papel clave en la promoción del desarrollo internacional y la seguridad nacional, y limitar el acceso de estudiantes internacionales podría tener repercusiones de largo alcance en la posición de EE. UU. en el ámbito académico y empresarial global.
