Las playas de Río de Janeiro, emblemáticas por su vibrante cultura y su ambiente festivo, se enfrentan a un cambio significativo en su dinámica con la reciente promulgación de un decreto por parte del alcalde Eduardo Paes. Este decreto, que entrará en vigor el 1 de junio de 2025, establece nuevas normas que buscan preservar el orden urbano, la seguridad pública y el medio ambiente, así como fomentar relaciones pacíficas entre turistas y residentes. Sin embargo, estas regulaciones han suscitado un intenso debate sobre su impacto en la cultura local y en los medios de vida de muchos vendedores y músicos.
Restricciones que afectan la cultura playera
Entre las medidas más controvertidas se encuentra la prohibición de ventas de alimentos y bebidas, así como el alquiler de sillas y la utilización de altavoces y música en vivo sin los permisos correspondientes. Los kioscos de la playa, que tradicionalmente llevan nombres creativos, deberán identificarse con un número, lo que muchos consideran una despersonalización de un aspecto fundamental de la cultura carioca.
El descontento entre los vendedores es palpable. Muchos argumentan que estas restricciones amenazan no solo su sustento, sino también la esencia de la vida en la playa. Julio Trindade, un DJ que trabaja en los kioscos, lamenta: “Es difícil imaginar Río de Janeiro sin bossa nova, sin samba en la playa”. Orla Rio, una concesionaria que gestiona más de 300 kioscos, expresa que esta regulación «silencia el alma del litoral», comprometiendo el espíritu democrático y vibrante de la ciudad.
Por su parte, algunos residentes han acogido las medidas como una respuesta necesaria al caos percibido en las playas, donde la falta de regulación ha llevado a situaciones de ruido excesivo y desorden. Sin embargo, muchos temen que estas nuevas normas acaben con la identidad cultural de la región, que atrae a millones de turistas cada año.
La reacción ha sido rápida: varias organizaciones, incluido el Instituto Brasileño de Ciudadanía, han intentado impugnar el decreto, argumentando que restringe el ejercicio libre de la actividad económica. Sin embargo, un fallo judicial reciente desestimó su solicitud, lo que ha llevado a la organización a apelar la decisión. Mientras tanto, la asamblea municipal de Río discute un proyecto de ley que podría modificar algunas de estas restricciones, aunque su aprobación antes de la fecha de entrada en vigor del decreto sigue siendo incierta.
El impacto económico de estas regulaciones podría ser considerable. La actividad económica en las playas de Río, excluyendo kioscos, bares y restaurantes, genera aproximadamente 4.000 millones de reales (alrededor de 621 millones de euros) anualmente, según un informe del Ayuntamiento de Río de 2022. Esta cifra resalta la importancia de los vendedores ambulantes, quienes ofrecen productos que van desde el maíz dulce hasta dispositivos electrónicos, y que forman parte integral del paisaje playero.
La preocupación de los vendedores es palpable. Juan Marcos, un joven que vende gambas en la playa de Copacabana y vive en una favela cercana, expresa su angustia: “Es trágico. Nos movilizamos desesperadamente para llevar un poco de ingresos a casa. ¿Qué haremos ahora?”. María de Lourdes do Carmo, presidenta del Movimiento de Vendedores Ambulantes, destaca que el Ayuntamiento no facilita suficientes permisos para operar en la playa, lo que limita las oportunidades de muchos.
La ciudad ha defendido que algunas reglas ya estaban en vigor y que se está dialogando con las partes afectadas para entender sus demandas. Sin embargo, el miedo y la tristeza reinan entre muchos vendedores, que ven en estas medidas una amenaza a su medio de vida y a la cultura que han contribuido a construir a lo largo de los años. Para algunos, como la visitante galesa Rebecca Thompson, la energía y la comunidad que se respira en las playas de Río son parte del encanto que atrae a los turistas, y su pérdida sería profundamente lamentable.
