
El presidente Donald Trump llevará a cabo un mitin el próximo viernes en una planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh, una semana después de haber dado luz verde a una controvertida fusión con la compañía japonesa Nippon Steel. Este evento se produce en un contexto donde la política industrial estadounidense está bajo un intenso escrutinio y los intereses nacionales parecen estar en el centro del debate.
Trump tiene programado ofrecer un discurso a las 5 p.m. ET en Irvin Works de U.S. Steel, en West Mifflin, Pennsylvania. Inversores y miembros de sindicatos estarán atentos a las declaraciones del presidente para entender la naturaleza del acuerdo anunciado entre U.S. Steel y Nippon Steel.
El acuerdo ha sido descrito por Trump como una «asociación» en una publicación del 23 de mayo en su plataforma de redes sociales. Según el mandatario, la sede de U.S. Steel permanecerá en Pittsburgh y Nippon Steel invertirá 14 mil millones de dólares en un plazo de 14 meses en esta emblemática compañía industrial estadounidense con más de 120 años de historia.
Trump explicó a los periodistas que el acuerdo representa una «inversión» y una «propiedad parcial», pero que será controlada por Estados Unidos. Sin embargo, desde el anuncio, la Casa Blanca y las empresas han proporcionado pocos detalles sobre la estructura del acuerdo.
U.S. Steel ha calificado el trato como una «fusión», en la que la compañía se convertirá en una «subsidiaria de propiedad total» de Nippon Steel North America, aunque seguirá operando como una entidad separada, según un documento presentado el 8 de abril a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
Fuentes cercanas al asunto han indicado que Nippon Steel espera cerrar la adquisición de U.S. Steel a 55 dólares por acción, que era la oferta original hecha por el fabricante japonés antes de que el presidente Joe Biden rechazara el acuerdo en enero, argumentando que comprometía cadenas de suministro críticas por razones de seguridad nacional.
‘Acuerdo de seguridad nacional’
Sin embargo, Trump ordenó una nueva revisión del acuerdo en abril, suavizando su oposición previa a la compra de U.S. Steel por parte de Nippon. El presidente anunció esta «asociación» un día después de que el Comité de Inversión Extranjera en EE. UU. debiera concluir su revisión y emitir una recomendación sobre si las empresas habían encontrado formas de «mitigar cualquier riesgo para la seguridad nacional».
El senador de Pennsylvania, Dave McCormick, declaró a CNBC que el gobierno de EE. UU. tendrá una «participación dorada» que le permitirá decidir sobre varios asientos en el consejo de administración. U.S. Steel contará con un CEO estadounidense y la mayoría de los miembros del consejo provendrán de EE. UU., según McCormick.
«Es un acuerdo de seguridad nacional que será firmado con el gobierno de EE. UU.», afirmó McCormick. «Existirá una participación dorada que requerirá la aprobación del gobierno de EE. UU. para varios miembros del consejo y que permitirá a Estados Unidos garantizar que los niveles de producción no se vean reducidos.»
Nippon Steel tendrá ciertos miembros en el consejo, lo que formará parte de su estructura corporativa general, según explicó el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro. «U.S. Steel posee la compañía», subrayó Navarro. Por su parte, el representante de Comercio de EE. UU., Jamieson Greer, comentó que los detalles del acuerdo con Nippon Steel «siguen siendo relativamente confidenciales.»
Greer agregó que «el principio subyacente es que Estados Unidos debe tener control sobre sectores clave, ya sea en manufactura básica o alta tecnología». En caso de que países o individuos extranjeros deseen adquirir estas empresas o realizar inversiones significativas, EE. UU. debe mantener el control sobre lo que es esencial.
Por otro lado, el sindicato United Steelworkers, que inicialmente se opuso al acuerdo, ha manifestado que «no puede especular sobre el impacto» del anuncio de Trump «sin más información». El presidente del sindicato, David McCall, expresó su preocupación de que Nippon, una corporación extranjera con un historial de violaciones a las leyes comerciales, erosionará aún más la capacidad de producción nacional de acero y pondrá en riesgo miles de buenos empleos sindicales.