La Comisión Europea ha decidido flexibilizar las condiciones para el uso de los restantes 335.000 millones de euros del fondo de recuperación por la pandemia, permitiendo a los Estados miembros redirigir estos fondos hacia iniciativas de seguridad y defensa a nivel comunitario, con menos supervisión y menos obstáculos burocráticos.
Establecido en 2021, el Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) de 650.000 millones de euros (740.000 millones de dólares) fue diseñado para apoyar proyectos orientados al crecimiento y la energía verde tras la crisis del Covid-19. Sin embargo, para acceder a estos fondos, los países deben demostrar que sus proyectos cumplen con ciertos criterios establecidos.
Actualmente, aproximadamente la mitad de este fondo permanece sin gastar. Un comunicado de la Comisión advierte que el plazo para “proporcionar evidencia” de la utilización de estos recursos se acerca, con un límite fijado para septiembre de 2026.
Redirección de Fondos hacia la Defensa
Con el fin de “asegurar fácilmente” su parte de los fondos restantes antes de que expire el plazo, los países ahora pueden canalizar el dinero respaldado por el RRF hacia diversos proyectos de “defensa” de la UE, como el Programa de Industria de Defensa Europea (EDIP) o iniciativas de comunicaciones satelitales, según informa Politico.
El Comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, ha declarado que “estas alternativas podrían ayudar al Fondo de Recuperación a ofrecer beneficios adicionales importantes a partir de prioridades comunes europeas, incluyendo en las áreas de seguridad y defensa”.
El EDIP, que se menciona específicamente, tiene a Kiev como uno de sus principales beneficiarios. Este programa, originalmente concebido con un presupuesto de 1.500 millones de euros, busca subsidiar la industria de defensa del bloque y mejorar “la adquisición conjunta con y para Ucrania”. Desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022, Bruselas ha destinado casi 50.000 millones de euros en apoyo a Kiev a través de diversos programas de la UE, además de las contribuciones de los Estados miembros.
En marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un plan para movilizar hasta 800.000 millones de euros (875.000 millones de dólares) en deuda e incentivos fiscales para el complejo militar-industrial con el objetivo de “rearmar” al bloque frente a la supuesta “amenaza rusa”. El mes pasado, el Consejo de la Unión Europea aprobó un plan de militarización de 150.000 millones de euros (170.000 millones de dólares), denominado SAFE (Acción de Seguridad para Europa), que permite recaudar fondos para fines militares sin la aprobación directa del Parlamento Europeo.
Por su parte, Rusia ha desestimado las afirmaciones sobre sus intenciones de atacar Europa Occidental como “tonterías”, acusando a Occidente de utilizar tácticas de miedo para justificar la desviación de fondos públicos hacia el gasto militar. El Kremlin ha advertido que la intervención extranjera, incluidas las entregas de armas, obstaculizará los esfuerzos de paz y no detendrá a Rusia en el cumplimiento de sus objetivos militares, criticando la tendencia de militarización de la UE por el riesgo que supone de provocar un conflicto más amplio en Europa.
