La reciente disolución de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) representa un golpe significativo para el poder blando de Estados Unidos y un desastre para muchos países en desarrollo que dependen de su asistencia humanitaria, sanitaria y educativa. Uno de los países que sufrirá las consecuencias más graves es Afganistán, que se encuentra bajo el régimen draconiano y misógino de los talibanes.
Según informes de las Naciones Unidas, más de la mitad de la población estimada de 40 millones de personas en Afganistán depende de la ayuda internacional para su supervivencia. La mayoría de los restantes apenas logran ganarse la vida. Desde la precipitada retirada de Estados Unidos y sus aliados del país en 2021, USAID ha desempeñado un papel crucial en la mitigación del sufrimiento de los afganos, convirtiéndose en el mayor donante de asistencia humanitaria, con un total de 3,71 mil millones de dólares (5,8 mil millones de dólares australianos) canalizados a través de agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.
Las repercusiones de la ayuda internacional
Los efectos de la reducción de esta ayuda ya se están sintiendo en el país. Programas vitales como el de partería han cerrado, y las «escuelas secretas» para niñas, así como la Universidad Americana de Afganistán, han suspendido sus clases. Además, la ayuda estadounidense ha sido fundamental para evitar una hambruna masiva en el país.
Sin embargo, no toda la asistencia se entrega directamente a los necesitados. Los talibanes han obtenido una parte de estos fondos a través de su control sobre la distribución de la ayuda. Se estima que el grupo recibe indirectamente alrededor de 40 millones de dólares (63 millones de dólares australianos) semanales en fondos de donantes. Las Naciones Unidas han afirmado que es inevitable que parte de este dinero termine en el banco central de Afganistán, bajo control talibán. Esto ha permitido a los talibanes mantener su régimen extremista, a pesar de su falta de legitimidad tanto a nivel nacional como internacional.
El expresidente Donald Trump ha criticado fuertemente la administración Biden por su desastroso manejo de la retirada de Afganistán y por no haber podido limitar los beneficios indirectos que la ayuda estadounidense otorga a los talibanes. Ha exigido el cese de la ayuda americana a este grupo y la devolución del equipo militar estadounidense que quedó en manos talibanas.
La suspensión de la ayuda ha comenzado a tener un efecto en la economía afganas, provocando la devaluación de la moneda local y llevando a los talibanes a imponer restricciones severas sobre la transferencia de dólares fuera del país. Algunos analistas sugieren que la continuación del deterioro económico podría afectar la capacidad de los talibanes para gobernar, lo que a su vez podría fortalecer grupos de oposición civil y armada, como el movimiento Purple Saturday, que aboga por un Afganistán libre y legítimamente gobernado.
En este contexto, es crucial encontrar métodos para continuar brindando asistencia humanitaria a la población afgana sin que esta beneficie al régimen talibán. La situación de las mujeres y las niñas en Afganistán es especialmente alarmante, ya que han sido despojadas de todos sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la educación y la vida pública. Las condiciones de vida han llegado a ser tan desesperadas que algunas familias se ven obligadas a vender a sus propios hijos para sobrevivir.
La economía afgana ha colapsado en gran medida, con una contracción del 27% en los últimos tres años y niveles de desempleo e inflación alarmantes. Este panorama ha generado una crisis de salud mental entre las mujeres, que enfrentan un aumento en las tasas de suicidio. La comunidad internacional se enfrenta al reto de gestionar la ayuda de forma que no favorezca a los talibanes, pero que al mismo tiempo no prive a los afganos de la asistencia necesaria para sobrevivir.
