El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a una situación judicial complicada tras ser formalmente acusado por el fiscal general, Paulo Gonet, ante el Supremo Tribunal Federal (STF). La acusación se centra en su presunta participación en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, ocurrido el 8 de enero de 2023. Bolsonaro, junto a otras 33 personas, está vinculado a delitos que incluyen la tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y amenazas graves contra bienes federales.
Las conclusiones de la Policía Federal, que respaldan las acusaciones, sugieren que la conspiración implicaba incluso el asesinato de Lula y otras figuras políticas y judiciales. Esta situación ha generado un impacto inmediato en el panorama político brasileño, donde Bolsonaro, aunque actualmente en libertad, ve cómo su excandidato a vicepresidente, el general Walter Braga Netto, se encuentra en prisión preventiva.
El avance del proceso judicial
El STF ahora debe decidir si acepta la denuncia y convierte a los acusados en imputados. La Primera Sala de la máxima instancia judicial, compuesta por magistrados como Alexandre de Moraes, Luiz Fux y Cármen Lúcia, se encargará de este asunto. Los analistas coinciden en que la posibilidad de que el caso avance ha dejado de ser remota. Si Bolsonaro es procesado y condenado, podría enfrentar una pena de hasta 28 años de prisión y ser inelegible por más de 30 años.
A pesar de la gravedad de la situación, Bolsonaro ha manifestado que no está preocupado por el avance de la causa. Según informes, algunos de sus contactos en el ámbito jurídico anticipan que el STF podría acelerar el proceso para emitir una condena antes de diciembre de este año, evitando así que la decisión final se produzca en 2026, coincidiendo con el periodo electoral.
El fiscal Gonet ha señalado que los hechos reflejan la creación de una organización criminal por parte de Bolsonaro y otros actores, con el objetivo de impedir el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales de 2022. Esta acusación se suma a una serie de investigaciones que ya pesaban sobre el expresidente, incluyendo casos relacionados con la apropiación de joyas y la falsificación de certificados de vacunación contra el Covid-19.
Los eventos del 8 de enero son considerados de una gravedad sin precedentes, resultado de una serie de acciones previas por parte de Bolsonaro. Durante la campaña electoral de 2022, el entonces presidente cuestionó la transparencia del sistema electoral y amenazó con suspender las elecciones si no se cumplían sus exigencias. Además, alentó a sus seguidores a participar en actos antidemocráticos y agitó la posibilidad de una intervención militar.
Investigaciones de la Policía Federal
Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Federal han sido fundamentales para el avance del caso. Según un informe de casi mil páginas, se han recopilado pruebas contundentes a través de diversas investigaciones, que incluyen la ruptura del secreto telemático, telefónico y bancario, así como la colaboración premiada. Se ha documentado que Bolsonaro estuvo involucrado en planes golpistas discutidos en el Palacio de la Alvorada a finales de 2022.
La situación se complica no solo para Bolsonaro, sino también para otros miembros de su círculo cercano, incluyendo figuras clave del Partido Liberal y ex altos mandos militares. La presión judicial parece intensificarse, mientras Bolsonaro continúa haciendo llamados a la amnistía, aunque estos han sido infructuosos hasta el momento.
