La agencia de noticias Associated Press (AP), una de las más antiguas del mundo, ha presentado una demanda contra tres altos funcionarios de la Casa Blanca, acusándolos de violar las libertades de prensa al prohibir que sus reporteros cubran las actividades del expresidente Donald Trump. Esta controversia surge tras la negativa de AP a utilizar el término «Golfo de América» en lugar de «Golfo de México», como ordenó Trump mediante un decreto ejecutivo el 20 de enero.
Según la denuncia presentada el pasado viernes ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington D.C., AP ha sido excluida de eventos de prensa en la Casa Blanca y en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, así como de los viajes en el Air Force One. La agencia argumenta que esta prohibición atenta contra su independencia editorial y su derecho a informar, principios fundamentales protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Restricciones y respuesta de la Casa Blanca
En su demanda, AP sostiene que el gobierno no puede retaliar contra los medios de comunicación por sus decisiones editoriales. «La prensa y todos los ciudadanos de Estados Unidos tienen el derecho de elegir sus propias palabras y no ser objeto de represalias por parte del gobierno», afirma el texto legal. Los funcionarios demandados incluyen a la Jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, el Subjefe de Gabinete, Taylor Budowich, y la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido su postura. Wiles argumentó en un correo electrónico que AP había «malutilizado» su influencia para promover una agenda «divisiva y partidista». Budowich, en un anuncio en la red social X, confirmó que AP estaría prohibida indefinidamente de acceder a la Oficina Oval y al Air Force One, hasta que la agencia cumpla con la orden de Trump.
La controversia ha suscitado el apoyo de varias organizaciones de medios, incluyendo CNN, Fox News, The New York Times y The Washington Post, que han firmado una carta instando a la Casa Blanca a levantar las restricciones impuestas a AP. Esta situación pone de relieve las tensiones entre el gobierno de Trump y los medios de comunicación, un conflicto que ha sido recurrente durante su mandato, caracterizado por acusaciones de «noticias falsas» y sesgo mediático.
AP ha reafirmado su compromiso con el uso de nombres de lugares y geografía que sean reconocibles a nivel internacional, insistiendo en que su estilo editorial no se verá comprometido por presiones políticas. La demanda de AP no solo busca restablecer su acceso a las actividades del presidente, sino también reafirmar la importancia de la libertad de prensa en una democracia.
