El Gobierno de España ha dado un paso significativo hacia la regulación de los medios de comunicación con la aprobación de un anteproyecto de ley que forma parte del Plan de Acción por la Democracia, anunciado por el presidente Pedro Sánchez. Esta iniciativa se centra en la creación de un registro estatal de medios de comunicación, al que los ciudadanos podrán acceder para consultar información relevante sobre la estructura de propiedad y los fondos públicos que reciben los medios, tanto nacionales como internacionales, en concepto de publicidad. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley busca establecer un entorno digital más seguro, predecible, plural y fiable.
El nuevo registro, que se presentará en el Congreso de los Diputados en los próximos días, deberá incluir información detallada sobre la propiedad de los medios y la publicidad institucional que reciben. Los medios estarán obligados a mantener esta información actualizada, garantizando así una transparencia absoluta. Además, el anteproyecto contempla la regulación de los algoritmos utilizados en plataformas digitales para asegurar una mayor claridad en los criterios que rigen la publicidad. También se prevé la creación de registros autonómicos y un nuevo procedimiento para evaluar el impacto de las concentraciones en el mercado de los medios de comunicación sobre el pluralismo mediático.
Sanciones y derechos digitales
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) será la encargada de supervisar el cumplimiento de este registro, con competencias que abarcan control, inspección y sanción. Se establece un régimen sancionador que puede imponer multas desde 30.000 euros para infracciones leves, hasta el 6% del volumen de negocios anual mundial para las infracciones más graves. Este marco normativo se enmarca en la necesidad de reforzar los derechos digitales y la calidad democrática en un contexto actual marcado por la desinformación y la falta de verificación en redes sociales y medios de comunicación.
El anteproyecto también designa a la CNMC como coordinador de servicios digitales, colaborando con la Comisión Europea para asegurar que los proveedores de servicios digitales cumplan con la normativa europea. Se introducirán entidades acreditadas, denominadas alertadores fiables, para denunciar contenidos ilícitos y exigir transparencia. Según el ministro López, es fundamental que los ciudadanos conozcan quiénes son los propietarios de los medios de comunicación, así como la financiación pública que reciben, lo que contribuirá a una mayor transparencia en el ámbito mediático y fortalecerá la democracia en el país.
