Un reciente análisis de la Universidad de Michigan propone un enfoque innovador para abordar la cuestión de la responsabilidad de los ejecutivos bancarios en los fracasos financieros. Este estudio, que será publicado en la Stanford Law Review, sugiere que las sanciones civiles deberían aplicarse a los directivos de instituciones bancarias cuyas negligencias contribuyan a crisis financieras o requieran rescates gubernamentales.
Responsabilidad financiera de los ejecutivos
El informe, liderado por el profesor Jeffery Zhang, argumenta que las propuestas regulatorias actuales, como un aumento en la supervisión bancaria y un endurecimiento de las regulaciones, no son suficientes para prevenir futuros colapsos. En lugar de depender exclusivamente de estos enfoques, los autores proponen la implementación de un régimen que responsabilice financieramente a los ejecutivos individuales por sus decisiones negligentes.
Según el estudio, las sanciones monetarias podrían realinear los incentivos de los ejecutivos, reduciendo así el riesgo de conductas imprudentes. La propuesta sugiere que los ejecutivos de todos los bancos en EE. UU., ya sean cotizados en bolsa o privados, enfrenten penalizaciones financieras cuando sus acciones negligentes contribuyan significativamente a un colapso bancario o requieran intervención gubernamental de emergencia. La sanción recomendada sería una recuperación de hasta cinco años de compensación total, con penalizaciones adicionales por negligencia grave o mala conducta.
El profesor Kyle Logue, coautor del estudio, subraya que «si los ejecutivos saben que pueden perder años de compensación por decisiones temerarias, tendrán un incentivo mucho más fuerte para actuar de forma responsable». Este sistema busca disuadir comportamientos arriesgados sin caer en las dificultades de una persecución penal, que a menudo resulta compleja y dilatada.
Los investigadores también sugieren varias maneras en las que el Congreso y los reguladores podrían diseñar e implementar este régimen de sanciones. Una de las opciones sería enmendar la Ley de Seguro de Depósitos Federales para fortalecer las disposiciones de sanciones y reducir la carga de prueba para su aplicación. Además, proponen restringir el seguro para directores y ejecutivos (D&O) de manera que no cubra estas penalizaciones, asegurando que los ejecutivos enfrenten consecuencias financieras personales.
Asimismo, se plantea la posibilidad de empoderar a actores privados, como denunciantes o accionistas, para que inicien acciones de ejecución contra banqueros negligentes, ampliando así la rendición de cuentas más allá de la supervisión regulatoria tradicional.
Más información: Kyle D. Logue et al, Sanctioning Negligent Bankers, SSRN (2025). DOI: 10.2139/ssrn.5124669
