Con la proximidad del Día Internacional de la Mujer, es crucial reafirmar nuestro compromiso con la justicia social y los principios de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que están siendo objeto de ataques sin precedentes por parte de ciertos líderes políticos. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha desmantelado recientemente medidas DEI, argumentando que son derrochadoras y discriminatorias. Sin aportar pruebas, incluso llegó a culpar las contrataciones por diversidad de un trágico accidente aéreo que resultó en la muerte de 67 personas.
En Australia, el líder de la oposición, Peter Dutton, ha seguido una agenda similar al criticar las posiciones de «cultura, diversidad e inclusión» en el servicio público. Es imperativo resistir los intentos de desmantelar los avances logrados y recordar las numerosas razones que justifican la búsqueda de la DEI en el lugar de trabajo.
A pesar de los progresos realizados, mujeres, minorías raciales, personas con discapacidad y otros grupos continúan enfrentando barreras para acceder a oportunidades laborales equitativas. Con demasiada frecuencia, permanecen excluidos de roles de liderazgo y toma de decisiones.
Defendiendo la diversidad
Ante el asalto a las medidas DEI, es esencial reiterar por qué son fundamentales para un entorno laboral verdaderamente inclusivo. Las iniciativas DEI se proponen abordar obstáculos y corregir desventajas para que todas las personas tengan una oportunidad justa de ser contratadas, promovidas y remuneradas, independientemente de sus características personales.
Estas iniciativas garantizan que cada persona tenga una oportunidad genuinamente igual de acceso a bienes sociales. Se pueden considerar mecanismos de «recuperación», ya que reconocen que no todos comenzamos nuestra vida laboral en igualdad de condiciones. Las iniciativas de igualdad de género abordan la discriminación, los estereotipos y las barreras estructurales que desfavorecen a las personas por su género.
Cuestionan la idea de contrataciones «basadas en el mérito», que a menudo ocultan sesgos invisibles que poseen muchas personas en posiciones de poder, como, por ejemplo, hacia alguien de un género particular.
Australia presenta una historia mixta en lo que respecta a la diversidad, la equidad y la inclusión. Las leyes federales de trabajo exigen que las empresas con más de 100 empleados informen anualmente sobre indicadores de igualdad de género, incluyendo brechas salariales y composición de la fuerza laboral. Sin embargo, a pesar de estas normativas, Australia se encuentra rezagada en indicadores de igualdad de género en comparación con países como Islandia, Noruega y Nueva Zelanda.
Según el informe Global Gender Gap del Foro Económico Mundial, Australia ocupa el puesto 26 de 146 países, lo que representa una mejora respecto al puesto 54 en 2021. No obstante, el informe también evidencia brechas de género significativas, especialmente en lo que respecta a la representación femenina en diversas industrias, como la ciencia y el liderazgo político.
A pesar de los avances logrados, las desigualdades persisten en el lugar de trabajo. Muchos en posiciones de poder no están dispuestos, o no pueden, reconocer sus propias posiciones privilegiadas, lo que les impide ver las barreras que enfrentan otros. La justicia social no será simplemente concedida por aquellos en el poder; es fundamental continuar luchando por la igualdad de género y no limitarse a mantener el statu quo.
