El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado al Congreso a prohibir los procedimientos de «cambio de sexo» para menores, denunciando lo que él denomina la cultura «woke» en América. Durante un discurso ante ambas cámaras del Congreso, Trump afirmó: “He firmado una orden para cortar toda financiación pública a cualquier institución que participe en la mutilación sexual de nuestra juventud”.
El mandatario estadounidense añadió: “Ahora quiero que el Congreso apruebe una ley que prohíba y criminalice permanentemente los cambios de sexo en niños y que ponga fin para siempre a la mentira de que cualquier niño está atrapado en el cuerpo equivocado”. Esta declaración fue recibida con una ovación de pie por parte de los miembros republicanos presentes.
La lucha contra las políticas «woke»
Trump ha hecho de la lucha contra las políticas «woke», que incluyen la disponibilidad de tratamientos de reasignación de género para menores, uno de los pilares de su campaña electoral. Desde que asumió el cargo, ha emitido varias órdenes ejecutivas, como la prohibición de la participación de hombres biológicos en deportes femeninos, la reinstauración de la prohibición de que personas trans sirvan en el ejército y un endurecimiento de las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el gobierno federal.
El mensaje de Trump se centra en la idea de que “cada niño en América es perfecto tal como Dios lo hizo”, un argumento que busca resonar con un electorado que se siente cada vez más incómodo con las transformaciones sociales y culturales que se han producido en los últimos años. La retórica del presidente refleja un intento de movilizar a su base, apelando a valores tradicionales y a una visión conservadora de la identidad y la familia.
La propuesta de Trump ha generado un intenso debate en la sociedad estadounidense, donde las cuestiones de género y derechos de las personas trans están en el centro de la controversia política. Mientras algunos aplauden su postura como una defensa de los valores familiares, otros la critican como un ataque a los derechos de los menores y a la autonomía de las familias en decisiones médicas y de salud.
