El reciente pacto entre el PSOE y Junts per Cat para la cesión de competencias migratorias a Cataluña ha generado un intenso debate en el panorama político español. La oposición ha criticado con fuerza esta decisión, planteando interrogantes sobre sus implicaciones. Desde La República, abordamos las principales cuestiones que surgen en torno a este acuerdo y su posible impacto en la gestión de la inmigración en la comunidad catalana.
Implicaciones del traspaso de competencias migratorias
El argumento esgrimido por el PSOE y Junts per Cat para justificar este traspaso es que Cataluña presenta una realidad migratoria particular. Según datos oficiales, aproximadamente el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera, mientras que un 24% ha nacido fuera de la comunidad. Este contexto ha llevado a ambos partidos a considerar que la gestión de las políticas migratorias debe adaptarse a las necesidades específicas de la región. Sin embargo, las consecuencias de este acuerdo aún no están claras, ya que la Generalitat dispondrá de un plazo máximo de seis meses para establecer los requisitos necesarios y el Estado deberá ceder el personal y el presupuesto correspondiente en el mismo período.
Entre las inquietudes más relevantes se encuentra la posibilidad de que el conocimiento del catalán se convierta en un requisito para la renovación de documentos de inmigración. Aunque la ley actual no contempla esta condición, deja abierta la puerta para que futuras normativas incluyan este requisito, lo que ha generado preocupación entre los inmigrantes. Además, se ha planteado si Cataluña podrá expulsar directamente a inmigrantes, lo cual es posible en ciertas circunstancias. En aquellas situaciones que requieran un expediente, la Generalitat podrá proponer expulsiones, aunque el proceso final dependerá del Ministerio del Interior, que se encargará de la logística de los vuelos de deportación.
La transferencia de competencias también plantea interrogantes sobre el futuro del personal actualmente encargado de estas funciones. En la actualidad, hay 1.500 policías y guardias civiles que desempeñan estas labores, y se espera que se incorporen 1.800 Mossos d’Esquadra. La continuidad de estos efectivos en sus funciones deberá ser objeto de negociación entre las partes. A su vez, la posibilidad de revertir esta cesión de competencias está contemplada, ya que, según la Moncloa, habrá una supervisión constante que permitirá recuperar la delegación si se considera necesario. Sin embargo, es importante destacar que este tipo de revertimiento nunca ha ocurrido en la práctica.
El artículo 149 de la Constitución Española otorga al Estado competencias exclusivas en materia de inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. No obstante, el PSOE y Junts han encontrado una vía alternativa en el artículo 150, que permite al Estado transferir o delegar facultades en las comunidades autónomas mediante ley orgánica. Este enfoque ha suscitado un amplio debate sobre la legalidad y efectividad de esta medida, así como sobre su repercusión en la cohesión territorial y la gestión de la inmigración en España.
