El Gobierno español ha vuelto a manifestar su apoyo al acuerdo alcanzado con Junts para delegar las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Esta decisión ha suscitado un debate intenso, especialmente tras la propuesta de Junts de considerar el conocimiento del catalán como un requisito para la aceptación o denegación de solicitudes de residencia. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que «la lengua no es un requisito para expulsar a una persona de nuestro país» y ha subrayado que la normativa vigente en materia lingüística y la ley de extranjería no exigen el conocimiento de una lengua para la regularización de inmigrantes.
Reacciones de la oposición y su impacto en el acuerdo
A pesar de la defensa del Gobierno, Junts continúa insistiendo en su postura, argumentando que «no hay integración plena si no se conoce la lengua del territorio». Este planteamiento ha generado un amplio rechazo entre otros partidos, como Podemos y Compromís, que han expresado su oposición al acuerdo. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado el acuerdo de «racismo institucional», mientras que Compromís, a través de su diputado Alberto Ibáñez, ha manifestado que no pueden apoyar una ley que favorezca la agenda de la extrema derecha. Sin el respaldo de estas formaciones, el futuro del acuerdo en el Congreso se presenta incierto, ya que su apoyo es fundamental para que la proposición de ley avance.
Por otro lado, el Partido Popular ha criticado la decisión del Gobierno, advirtiendo que la delegación de competencias en materia de inmigración podría fragmentar políticas esenciales para la seguridad nacional, como el control de fronteras y la política de extranjería. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta medida, que considera una amenaza a la cohesión de la política migratoria en España. Con este contexto, el debate sobre la política migratoria y el papel de las lenguas regionales en el proceso de integración de inmigrantes continúa en el centro de la actualidad política española.
