La reciente implementación de una drástica política de seguridad por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha proporcionado nuevas perspectivas sobre la relación entre la violencia y la migración hacia Estados Unidos desde Centroamérica. Un estudio del Instituto Mosbacher de la Escuela Bush para el Comercio, la Economía y la Política Pública ha revelado que la reducción de la criminalidad en El Salvador ha tenido un impacto significativo en la disminución de las detenciones y expulsiones en la frontera estadounidense, con una reducción que oscila entre el 45% y el 67%.
Este hallazgo sugiere que la violencia es, efectivamente, un motor de la migración. Hasta ahora, las investigaciones habían tenido dificultades para establecer conclusiones definitivas debido a la complejidad de separar los factores económicos de las preocupaciones de seguridad. La política de Bukele, que incluyó una violenta represión contra las pandillas, ha permitido a los investigadores observar un descenso en la migración que puede atribuirse casi exclusivamente a la disminución de la criminalidad, sin que las condiciones económicas hayan cambiado de manera significativa.
Implicaciones de la política migratoria
La llegada de más de 280 millones de migrantes internacionales en 2020, con cifras destacadas en Europa y Estados Unidos, ha puesto de manifiesto que la inmigración es un tema central en los debates políticos de muchas naciones. En Estados Unidos, durante los últimos años, la crisis fronteriza ha sido un tema candente que ha dominado las discusiones políticas, especialmente en el contexto de las elecciones de 2024.
Las administraciones estadounidenses han abordado el desafío de la migración desde diferentes enfoques. La administración de Joe Biden, por ejemplo, buscó reducir la migración mejorando las condiciones económicas en Centroamérica. En contraste, la administración de Donald Trump se centró en la represión de los carteles de la droga y el aumento de las deportaciones. El estudio del Instituto Mosbacher sugiere que es necesario un enfoque integral que combine medidas de seguridad con reformas económicas y sociales que fomenten el desarrollo en las comunidades afectadas.
El informe recomienda una serie de pasos que incluyen la promoción de la colaboración regional para frenar la actividad de las pandillas, la mejora de los acuerdos comerciales para apoyar la creación de empleo y el fortalecimiento de las instituciones cívicas en los países centroamericanos. Además, se enfatiza la importancia de invertir en programas sociales que aborden las desigualdades económicas y las vulnerabilidades sociales que subyacen a la criminalidad.
A pesar de la notable reducción de la violencia y la migración en El Salvador, los investigadores del Mosbacher advierten que no se debe alentar a otros países a seguir el ejemplo de Bukele. La represión violenta y la falta de respeto por los derechos humanos son cuestiones que deben ser consideradas con seriedad en cualquier política de seguridad. La complejidad de la migración y la criminalidad en la región exige un enfoque que respete los derechos humanos y busque soluciones sostenibles.
