La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont sostiene que el Tribunal Supremo no tiene la competencia para aplicar la amnistía en su caso y argumenta que esta autoridad corresponde al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, dado que Puigdemont fue elegido diputado de Cataluña. Esta posición se ha reforzado tras el rechazo del magistrado Pablo Llarena a aplicar la amnistía por el delito de malversación, en el que están implicados Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Las defensas han recurrido esta decisión, y recientemente se ha celebrado una vista pública en la que se han presentado los recursos de apelación.
Durante la vista, la Sala de Apelaciones ha escuchado los argumentos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular representada por Vox. La Fiscalía, bajo la dirección de la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, ha manifestado su respaldo a que se estime los recursos de los líderes independentistas, argumentando que los encausados no perseguían un beneficio económico con la consulta del 1 de octubre. Por tanto, considera que los hechos son amnistiables, además de descartar que la actuación de Puigdemont y sus compañeros causara un perjuicio a los intereses económicos de la Unión Europea.
Postura de la Abogacía del Estado y oposición de Vox
La Abogacía del Estado también ha respaldado los recursos de apelación presentados por Puigdemont, Comín y Puig, pidiendo al tribunal que revise la decisión de Llarena. En contraposición, Vox ha expresado su oposición a cualquier intento de anular la negativa a la amnistía por el delito de malversación. La portavoz de Vox, Marta Castro, ha subrayado que un acto ilícito no puede ser amparado por instrumentos jurídicos como la ley de amnistía, defendiendo que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre las leyes de desconexión en este sentido.
