La Oficina Electoral Central de Rumanía (BEC) ha prohibido la candidatura de Calin Georgescu para las elecciones presidenciales de mayo, alegando que sus opiniones son “anti-democráticas”. Esta decisión se produce tras su sorprendente victoria en la primera vuelta de las elecciones de noviembre, lo que llevó a la necesidad de una segunda vuelta.
Las autoridades electorales en Bucarest argumentaron que Georgescu no ha cumplido con las normas del procedimiento electoral y que ha violado la obligación de “defender la democracia”. La BEC había recibido más de 1.000 quejas en su contra, señalando sus opiniones “extremistas”. La decisión puede ser apelada ante el Tribunal Constitucional en un plazo de 24 horas.
Reacción de Georgescu
El político, que se perfilaba como favorito para las próximas elecciones con proyecciones de hasta el 45% de los votos, expresó en la plataforma X que la decisión representa “un golpe directo al corazón de la democracia mundial”. Además, afirmó que “Europa es ahora una dictadura” y que “Rumanía está bajo una tiranía”.
Georgescu, que posee un doctorado en ciencias del suelo y ha trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente de Rumanía, ha estado asociado con la Alianza por la Unidad de Rumanos (AUR) hasta su salida en 2022. Desde entonces, ha cultivado una presencia notable en redes sociales, donde ha criticado repetidamente a la OTAN y la Unión Europea, así como el apoyo occidental a Ucrania.
Su ascenso político fue inesperado, ya que logró un 23% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en noviembre, desafiando las proyecciones de los encuestadores. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Rumanía anuló los resultados en diciembre, citando documentos de inteligencia que alegaban “irregularidades” en la campaña y supuesta interferencia rusa, aunque no se ha presentado evidencia concreta de tales afirmaciones.
Informes posteriores sugirieron que las “irregularidades” podrían haber surgido de las actividades de una firma de consultoría vinculada al partido gobernante, el Partido Nacional Liberal, que intentaba socavar a otro candidato, lo que, accidentalmente, benefició a Georgescu.
En respuesta a las acusaciones de interferencia rusa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que “no estamos acostumbrados a interferir en elecciones en otros países, particularmente en Rumanía, y no tenemos intención de hacerlo ahora”.
En febrero, Georgescu fue detenido brevemente y acusado de seis delitos, incluyendo “actos anti-constitucionales”, “cohecho electoral” y “promoción de ideologías fascistas, racistas o xenófobas”. En un giro notable, pidió al expresidente estadounidense Donald Trump que “se ocupe de la situación”, alegando ser víctima de un “estado profundo” en su país.
La crítica internacional no se ha hecho esperar. Aunque Trump no ha comentado públicamente sobre el asunto, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance mencionó en la Conferencia de Seguridad de Múnich que prácticas “soviéticas y feas” están resurgiendo en Rumanía para silenciar “puntos de vista alternativos”. Elon Musk, designado por Trump, calificó la detención de Georgescu como “un despropósito”.
Expertos en derecho constitucional han señalado que, según la legislación rumana, la invalidación de una candidatura solo está justificada en caso de una condena penal definitiva. Un experto en derecho constitucional, Bogdan Iancu, indicó que el Tribunal Constitucional de Rumanía debe considerar un informe urgente emitido por la Comisión de Venecia, que establece que la cancelación de elecciones solo es justificable en circunstancias excepcionales y debe basarse en pruebas claras, no en inteligencia clasificada.
Los defensores de la exclusión de Georgescu han citado un precedente del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional impidió a otra candidata de derecha, Diana Sosoaca, participar en las elecciones presidenciales tras analizar su conducta y declaraciones públicas.
