El presidente valenciano, Carlos Mazón, se mantiene al margen de la investigación sobre la gestión de la Dana
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado que ni él ni la institución que lidera tienen intención de personarse en la causa judicial que investiga la gestión de la Dana en Valencia. En declaraciones recientes, Mazón subrayó que «ni la Generalitat como persona jurídica ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación». A pesar de la gravedad de la situación, el presidente, que no se encuentra bajo investigación debido a su condición de aforado, ha reiterado su enfoque en la recuperación de la comunidad tras la tragedia, que dejó más de 200 fallecidos.
El presidente ha descartado la posibilidad de acudir a declarar voluntariamente ante el juzgado de Catarroja, argumentando que se han enterado del último auto a través de los medios de comunicación. «Estamos muy preocupados por la recuperación, seguimos trabajando», añadió Mazón, quien también destacó que se están gestionando nuevos fondos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la Dana. A su juicio, la prioridad debe ser continuar con el trabajo de recuperación y análisis, manteniendo en todo momento un respeto absoluto hacia el proceso judicial.
Colaboración con la investigación y responsabilidad del gobierno
En su llegada al Palau de la Generalitat, Mazón reafirmó su «absoluta colaboración y máximo respeto» hacia la investigación judicial. Aseguró que la Generalitat Valencianaha proporcionado toda la información solicitada por la jueza desde el inicio del proceso. «Colaboración como siempre, desde el principio hemos tenido toda la colaboración», afirmó, en clara alusión a la actitud que han mantenido frente a las peticiones de información de la justicia. Por su parte, el juzgado de Catarroja ha comenzado a investigar a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de ese departamento, Emilio Argüeso, aunque no ha incluido a Mazón entre los investigados, abriendo la posibilidad de que este pueda declarar como testigo si así lo decide.
La jueza a cargo del caso ha señalado en un auto que el aviso a la población por el sistema Es-Alert, emitido a las 20:11 horas del 29 de octubre, fue «tardío y erróneo», y ha criticado la demora en la convocatoria del Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) y la tardanza en la toma de decisiones de la administración autonómica. Este contexto pone de relieve la complejidad y la gravedad del caso, así como la responsabilidad de las autoridades en la gestión de emergencias, un aspecto que sin duda será objeto de análisis en los próximos meses.
