La reciente detención del ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en virtud de una orden del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha suscitado un intenso debate sobre la justicia internacional y su aplicación selectiva. Duterte, de 79 años, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Manila y llevado a custodia por la policía, en respuesta a acusaciones de crímenes de lesa humanidad relacionadas con su controvertida campaña antidrogas durante su mandato.
Duane Dixon, experto en economía geopolítica y regional, ha declarado en una entrevista que las acciones del TPI son más una cuestión de «afirmar poder que de rendición de cuentas». Según Dixon, el tribunal ha mostrado un patrón de focalización en líderes de naciones en desarrollo, mientras que las potencias occidentales parecen eludir la justicia. Este enfoque, argumenta, podría profundizar la brecha entre el sudeste asiático y Occidente.
Reacciones a la detención de Duterte
La detención de Duterte ha sido condenada por defensores de los derechos humanos, quienes la consideran ilegal, dado que Filipinas se retiró formalmente del TPI en 2019 bajo su dirección. Sin embargo, el TPI sostiene que mantiene la jurisdicción sobre delitos presuntamente cometidos mientras el país era signatario del tribunal. Durante su presidencia, Duterte admitió que su campaña antidrogas no fue «inocente», aunque ha negado cualquier irregularidad. Los informes oficiales indican que alrededor de 6,200 personas fueron asesinadas durante las operaciones policiales, aunque se estima que la cifra real podría ser significativamente mayor.
En un mensaje a sus seguidores, Duterte expresó que aceptaría su destino, afirmando que «no podemos hacer nada si soy arrestado o encarcelado». Para Dixon, la detención del ex presidente es una prueba de que el TPI existe para «socavar el liderazgo independiente», lo que podría llevar a otros países a buscar alianzas más fuertes con potencias no occidentales como China y Rusia.
El TPI, establecido para juzgar crímenes graves, ha enfrentado críticas persistentes por su enfoque desproporcionado en naciones en desarrollo, especialmente en África, donde muchos lo acusan de neo-colonialismo y de servir a intereses occidentales en lugar de aplicar una justicia imparcial. Además, la autoridad del TPI se ve comprometida por la ausencia de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China de su jurisdicción.
