Rodrigo Duterte, ex presidente de Filipinas, ha sido trasladado a La Haya y se encuentra bajo la custodia de la Corte Penal Internacional (CPI). Este movimiento se produce tras su arresto en el aeropuerto internacional de Manila, a raíz de una orden emitida por el tribunal internacional, que le imputa crímenes de lesa humanidad relacionados con su controvertida campaña antidrogas durante su mandato.
El avión que transportaba a Duterte aterrizó en los Países Bajos el miércoles, un día después de su detención. La CPI ha confirmado que se ha emitido una orden de arresto por acciones que se alegan ocurrieron entre 2011 y 2019, periodo en el que Duterte fue alcalde de Davao y luego presidente desde 2016.
La campaña antidrogas de Duterte, que prometía erradicar las drogas en el país, se caracterizó por un enfoque violento que incluía la autorización a la policía para matar a sospechosos de narcotráfico si consideraban que su vida estaba en peligro. Desde el inicio de esta política, se han documentado miles de ejecuciones extrajudiciales, lo que ha suscitado la condena de activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que muchos de los asesinatos han sido de personas inocentes, incluidos niños. Aunque el gobierno sostiene que la violencia se ha utilizado en defensa propia, las cifras oficiales indican que alrededor de 6,200 personas han muerto en operaciones policiales, aunque se estima que el número real podría ser significativamente mayor.
Reacciones y alegaciones de «secuestramiento»
En un video compartido por su hija menor, Duterte cuestiona la legalidad de su arresto, preguntándose: “¿Cuál es mi pecado?” y defendiendo su legado al afirmar que hizo todo lo posible para que los filipinos tuvieran un poco de paz y tranquilidad.
Los abogados de Duterte han presentado una petición en nombre de su hija Veronica, acusando al gobierno de “secuestro” y exigiendo su regreso. Su hija mayor, Sara Duterte, actual vicepresidenta del país, viajó a Ámsterdam para asistir en su defensa. Esta situación ha generado un intenso debate, ya que los defensores de los derechos humanos han calificado su arresto como ilegal, recordando que Filipinas se retiró formalmente de la CPI en 2019 bajo la dirección de Duterte.
A pesar de la retirada, la CPI sostiene que mantiene jurisdicción sobre los crímenes presuntamente cometidos mientras Filipinas era signataria del tribunal. Esta controversia resalta la complejidad de la situación legal de Duterte y el contexto político en el que se desarrolla su arresto.
Es importante señalar que Duterte ha sido un crítico abierto de las potencias occidentales, especialmente de Estados Unidos, a las que ha acusado de colonialismo y belicismo. En una entrevista de 2020, Duterte describió a su país como un “estado vasallo” de Estados Unidos, refiriéndose al periodo de casi 50 años de dominio colonial estadounidense antes de que Filipinas obtuviera su independencia.
