María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, ha sido convocada a declarar ante el Tribunal Supremo el 24 de abril. Esta cita judicial se produce a raíz de una demanda presentada por el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusa a Montero de intromisión en su honor. Según fuentes jurídicas consultadas, el Ministerio Público se ha manifestado en contra de las pretensiones del demandante.
Detalles de la audiencia previa
Durante la audiencia, ambas partes tendrán la oportunidad de intentar alcanzar un acuerdo. En caso de no lograrlo, el pleito continuará su curso. El Tribunal Supremo ha notificado a la vicepresidenta que puede acudir con un abogado o autorizar a un procurador para que la represente. No obstante, tanto Montero como González Amador no están obligados a declarar en esta ocasión, según han precisado fuentes de EFE.
La demanda fue presentada por González Amador tras varias manifestaciones de la ministra, donde insinuó que la presidenta madrileña podría estar «viviendo en un piso que se pagó con fraude», en referencia a la defraudación fiscal que se investiga en relación a su pareja. Este caso fue admitido por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en diciembre pasado, reconociendo la capacidad del empresario para comparecer en juicio y dando un plazo de veinte días a Montero y a la Fiscalía para responder a la demanda.
González Amador busca una indemnización de 40.000 euros y presentó la demanda tras la inasistencia de Montero a un acto de conciliación programado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid el pasado 2 de octubre. La ausencia de representación por parte de la vicepresidenta hizo que dicho acto quedara sin efecto. Las declaraciones de Montero realizadas en marzo y octubre fueron la base de la demanda, en las que cuestionó la relación de Ayuso con su hermano y su pareja respecto a posibles fraudes. Además de demandar a Montero, González Amador ha interpuesto acciones legales contra otros altos funcionarios, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a varios periodistas por hacer referencia a su situación legal.
Actualmente, el empresario enfrenta una investigación por un presunto fraude fiscal de 350.961 euros entre 2020 y 2021, y su defensa ha reconocido haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía en relación a este caso, que incluye la utilización de una trama de facturas falsas y otros delitos.
