Donald Trump se ha posicionado como un defensor de la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión y de prensa en Estados Unidos. Sin embargo, su administración ha reinterpretado estos principios al asumir el control sobre qué periodistas pueden acceder a la Casa Blanca. Esto ha llevado a la retirada de credenciales a la agencia de noticias Associated Press (AP), mientras que se han acreditado a blogueros, podcasters e influencers que se alinean con las facciones más conservadoras del Partido Republicano.
El presidente ha demandado sistemáticamente a aquellos informadores que critican su gestión o incluso amenaza con hacerlo, consciente de que los altos costos legales pueden disuadir a otros de cuestionar su figura. Además, su administración ha promovido reformas legales que buscan minimizar la transparencia y controlar el discurso mediático sobre su figura, a menudo en contradicción con los datos disponibles.
Menos medios, más influencers
Recientemente, la Casa Blanca expulsó a AP del ‘pool’ presidencial, el grupo reducido de periodistas que cubren las actividades del presidente y comparten la información con otros medios. Esta decisión se produjo tras la negativa de AP a renombrar el Golfo de México como el ‘Golfo de América’. En contraste, se han otorgado nuevas acreditaciones a medios como Real America’s Voice, cuyo enviado aprovechó su primer turno de pregunta para alabar las encuestas de popularidad del presidente.
La editora ejecutiva de AP, Julie Pace, calificó de alarmante esta decisión, afirmando que «no solo impide gravemente el acceso del público a noticias independientes, sino que viola claramente la Primera Enmienda«. Este cambio de rumbo refleja la decisión unilateral de la administración Trump de controlar quién tiene acceso al presidente, un mandato que históricamente ha correspondido a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Esta asociación busca garantizar la diversidad de voces en la sala de prensa, evitando que el gobierno elija a su propio cuerpo de prensa.
La restricción del acceso a información ha adoptado diversas formas. La administración Trump intentó proteger al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, de los estándares de transparencia de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Un juez federal desestimó este argumento, subrayando que Musk es independiente del Despacho Oval y debe poner fin al «secretismo inusual» mientras lleva a cabo despidos masivos y desmantela agencias federales.
Paralelamente, Trump ha reavivado una demanda ultraconservadora para eliminar las protecciones del Tribunal Supremo que defienden a la prensa de demandas por difamación sin pruebas. Esta medida busca establecer un estándar que prevenga litigios infundados por parte de personas poderosas que intentan intimidar a los periodistas. Los ultraconservadores, liderados por Sarah Palin, intentan convencer a los jueces designados por Trump para derogar esta protección.
Además, Trump ha utilizado la amenaza de cortar los fondos públicos como herramienta de presión. La Comisión Federal de Comunicaciones está investigando a CBS y PBS para determinar si operan «en el interés público», una medida vista como represalia por la verificación de hechos o análisis críticos del presidente. Voice of America, dependiente de fondos federales, perdió su independencia editorial tras la llegada de cargos de confianza de Trump que abrieron investigaciones internas contra reporteros por una línea informativa considerada «crítica».
Los expertos legales advierten que esto es solo el principio. El Departamento de Justicia podría procesar a periodistas bajo leyes contra el espionaje, y algunos medios ya se preparan para posibles investigaciones en represalia por coberturas críticas, especialmente en temas de economía e inmigración.
Trump ha utilizado litigios para intimidar a la prensa desde antes de ser presidente, presentando demandas indiscriminadas por supuesta difamación. Recientemente, demandó a ABC News por afirmar erróneamente que había sido declarado responsable de «violación» en lugar de «abuso sexual». También demandó a ‘The Des Moines Register’, alegando que una entrevista editada y una encuesta errónea constituían contenido engañoso. Para medios locales, estos litigios implican gastos que no siempre pueden asumir, lo que lleva a muchos editores a evitar coberturas críticas.
Incluso los grandes conglomerados sufren presiones políticas. Disney, propietaria de ABC, pagó 16 millones de dólares para zanjar una demanda contra Trump y evitar mayor conflicto. Paramount, matriz de CBS, necesita la aprobación federal para una fusión multimillonaria y también está considerando llegar a un acuerdo en una demanda de Trump contra la cadena. En este contexto, The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, retiró su apoyo a Kamala Harris.
A través de acuerdos forzados para evitar juicios, de blindar el acceso a información crucial y de limitar protecciones legales a los informadores, muchos medios estadounidenses se ven obligados a centrarse en garantizar su supervivencia y viabilidad económica, incluso cuando ello implica una preocupante autocensura.
