El reciente discurso de Donald Trump ante el Congreso de su segunda presidencia ha levantado una ola de críticas y preocupaciones sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. A pesar de proclamar que ha «devuelto la libertad de expresión» al país, su administración ha tomado medidas que, según expertos, constituyen una amenaza sin precedentes para este derecho fundamental, recogido en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
En las primeras semanas de su mandato, Trump ha llevado a cabo una serie de acciones que han suscitado alarmas. Entre ellas, se encuentra el veto a la agencia de noticias Associated Press por no utilizar la terminología que su gobierno ha impuesto. Además, ha amenazado a congresistas demócratas con investigaciones por criticar a los conservadores y ha recortado fondos federales a proyectos que promueven la diversidad y la inclusión, en una clara cruzada contra lo que él denomina ‘woke’.
El caso de Mahmoud Khalil
Uno de los casos más preocupantes es el de Mahmoud Khalil, un palestino de 30 años, residente legal en Estados Unidos, que fue detenido recientemente en Nueva York sin orden judicial. Su arresto, que ha sido calificado de arbitrario, se basa en su supuesta participación en protestas por la guerra en Gaza. La administración Trump argumenta que Khalil representa una «amenaza para los intereses de seguridad nacional de EEUU», utilizando una cláusula de una ley de inmigración de 1952 que le otorga al secretario de Estado la autoridad para deportar a personas que puedan tener consecuencias adversas para la política exterior del país.
Trump ha declarado que el arresto de Khalil es «el primero de muchos», sugiriendo que otros estudiantes que han participado en actividades pro-palestinas podrían ser objeto de la misma persecución. Esta retórica ha generado un clima de miedo entre los estudiantes y activistas que defienden la causa palestina, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la libertad de expresión en el país.
El arresto de Khalil ha sido seguido por la detención de otra estudiante que participó en las mismas protestas. Se ha informado que el Departamento de Seguridad Nacional está utilizando herramientas de inteligencia artificial para revisar las publicaciones en redes sociales de estudiantes con visado, buscando cualquier indicio de simpatía hacia grupos considerados terroristas.
La abogada Diala Shamas, del Centro para Derechos Constitucionales, ha advertido que el caso de Khalil es un «canario en la mina», señalando que la persecución de quienes defienden los derechos de los palestinos podría extenderse a cualquier voz disidente que critique las políticas del gobierno. Esta tendencia ha sido respaldada por varios expertos en derechos civiles, quienes han denunciado un intento directo de silenciar la libre expresión en función de la ideología política.
Brian Hauss, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, ha afirmado que estamos ante un «intento directo de castigar la expresión» que no se alinea con la visión del gobierno. Otros expertos han señalado que la administración de Trump parece estar redefiniendo la libertad de expresión, limitándola a aquellos que comparten su perspectiva política. Esta situación ha llevado a voces incluso dentro del espectro conservador a cuestionar la constitucionalidad de estas acciones, planteando serias dudas sobre la dirección en la que se dirige la democracia estadounidense.
