Recientemente, la administración del expresidente Donald Trump declaró una «emergencia nacional energética», lo que llevó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. a listar cientos de proyectos de energía e infraestructura que podrían recibir un permiso acelerado. Estos proyectos abarcan desde oleoductos hasta plantas de energía a gas natural y proyectos mineros, muchos de los cuales ya estaban bajo revisión. La posibilidad de un permiso rápido ha suscitado serias preocupaciones sobre la falta de supervisión efectiva, lo que podría permitir la alteración o destrucción de amplias zonas de humedales y poner en riesgo las fuentes de agua potable.
Frente a la presión de grupos medioambientales, el Cuerpo de Ingenieros retiró la lista y anunció que presentaría una versión revisada. Sin embargo, desde la perspectiva de un profesor de derecho ambiental y exabogado del gobierno, se cuestiona si las condiciones de emergencia alegadas justifican la aceleración de proyectos de gran envergadura con una revisión ambiental mínima o sin el debido escrutinio público.
La gestión de emergencias bajo la ley
Es indudable que en situaciones de emergencia, la acción rápida es a menudo necesaria para prevenir la pérdida de vidas o daños materiales. Por ejemplo, la ruptura de un dique durante una tormenta puede requerir reparaciones urgentes, o un incendio forestal puede demandar la tala apresurada de árboles para crear cortafuegos. Las leyes y regulaciones ambientales existentes ya contemplan estas circunstancias. La Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) exige que las agencias federales analicen y divulguen públicamente los impactos ambientales de sus acciones. Sin embargo, en casos de emergencia, las agencias pueden cumplir con este requerimiento mediante «arreglos alternativos», como un periodo de comentarios públicos reducido o un informe sobre los impactos ambientales posterior a la acción.
De manera similar, la Ley de Especies en Peligro de Extinción prohíbe las acciones federales que pongan en peligro a especies protegidas, aunque existen excepciones limitadas para circunstancias de emergencia. Por ejemplo, cuando hay un desastre declarado a nivel federal, la ley permite que el presidente exima proyectos destinados a reparar o reemplazar instalaciones públicas si es necesario para prevenir la recurrencia del desastre.
La declaración de emergencia nacional realizada por Trump invoca la Ley de Emergencias Nacionales, que permite al presidente seguir procedimientos de emergencia establecidos en otras leyes federales. Sin embargo, una declaración de emergencia no otorga al presidente la capacidad de eludir o ignorar todos los requisitos legales. Debe especificar la ley o leyes cuyas disposiciones de emergencia se están activando.
En este contexto, la declaración pide al Cuerpo de Ingenieros que «identifique acciones planificadas o potenciales para facilitar el suministro energético del país que puedan estar sujetas a tratamiento de emergencia» bajo su proceso de permisos, regulado por la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia y otras normativas relacionadas.
La Sección 404 exige que los desarrolladores de proyectos soliciten un permiso al Cuerpo de Ingenieros para descargar material dragado u otras tierras en «aguas de los Estados Unidos», que incluyen cuerpos de agua relativamente permanentes y humedales conectados a esos cuerpos. Muchos proyectos de construcción, como oleoductos o desarrollos residenciales, requieren este permiso debido a que cruzan cuerpos de agua o implican la ocupación de humedales adyacentes. El procedimiento estándar para procesar una solicitud de permiso incluye un aviso público, un periodo de comentarios y la preparación de documentación ambiental, seguido de la decisión de la agencia.
En situaciones de emergencia, las regulaciones del Cuerpo de Ingenieros permiten el uso de «procedimientos especiales» para procesar las solicitudes, aunque estas regulaciones no especifican cómo deben ser. En su lugar, los funcionarios de la agencia deben adaptar el proceso a las circunstancias de cada caso. Según el Cuerpo de Ingenieros, en algunas situaciones, una respuesta adecuada a la emergencia podría incluir «un aviso público para aclarar los procedimientos de permiso para abordar la limpieza y reparación causadas por estos eventos». Si bien las aprobaciones inmediatas pueden ser apropiadas para trabajos destinados a prevenir daños por inundaciones ante una tormenta inminente, no lo serían para la reconstrucción posterior a dicha tormenta.
La «emergencia energética nacional» declarada por el presidente no califica como una emergencia bajo las regulaciones del Cuerpo de Ingenieros. Estas regulaciones definen una emergencia como «una situación que resultaría en un peligro inaceptable para la vida, una pérdida significativa de propiedad o un sufrimiento económico inmediato, imprevisto y significativo» si se siguieran los procedimientos estándar de permisos. Por ejemplo, se mencionan inundaciones y huracanes como situaciones de emergencia causadas por desastres naturales, así como la «falla catastrófica… debido a una causa externa», como el colapso de un puente tras ser golpeado por una barcaza.
Aun si una situación califica como emergencia bajo las regulaciones del Cuerpo de Ingenieros, la agencia debe hacer esfuerzos razonables para recibir comentarios de otras agencias y del público. Asimismo, ninguna de estas regulaciones ni la declaración de emergencia exime al Cuerpo de Ingenieros de su obligación de cumplir con otras leyes. Según la NEPA, el Cuerpo de Ingenieros aún tendría que analizar y hacer pública la divulgación de los impactos ambientales de las acciones federales, aunque podría utilizar «arreglos alternativos» como un periodo de comentarios reducido. Y bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, el Cuerpo de Ingenieros no puede causar daño a especies en peligro a menos que un proyecto permitido sirva para reparar o reemplazar instalaciones públicas en un área de desastre declarada.
Si las prometidas revisiones a la lista de proyectos de emergencia se asemejan a la versión original, se puede esperar una avalancha de demandas que buscarán impugnar cualquier permiso otorgado bajo procedimientos de emergencia.
