La reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ha suscitado una fuerte reacción por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, se ha calificado esta medida como un intento de «criminalizar, de forma infame e injusta, a los migrantes venezolanos», a quienes el chavismo considera víctimas de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En un comunicado oficial, la administración venezolana expresó su «contundente» rechazo a lo que denomina una «ley anacrónica, violatoria de los derechos humanos e ilegal». El gobierno de Maduro argumenta que esta acción evoca «los episodios más oscuros de la historia de la humanidad» y denuncia que sus ciudadanos en Estados Unidos están siendo objeto de persecución.
Contexto de la Ley y su Aplicación
La invocación de esta ley por parte de Washington tiene como objetivo, según sus declaraciones, acelerar las deportaciones masivas de miembros de la banda transnacional de origen venezolano conocida como Tren de Aragua. Esta organización ha sido acusada de llevar a cabo actividades delictivas en territorio estadounidense, incluyendo amenazas de invasión. Sin embargo, es importante señalar que un juez federal ha bloqueado temporalmente el uso de esta ley, lo que añade un elemento de incertidumbre a la situación.
La postura de Estados Unidos se enmarca en un contexto más amplio de tensiones entre ambos países, donde las sanciones económicas y las políticas migratorias han sido temas recurrentes. La administración de Maduro ha utilizado estas circunstancias para reforzar su narrativa de victimización y resistencia ante lo que considera agresiones externas.
