Tras más de una década de negociaciones, se inicia el lunes en Jamaica una nueva ronda de conversaciones para finalizar un código que regule la minería en aguas internacionales, con la esperanza de que se adopte este año. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), un organismo independiente establecido en 1994 bajo una convención de la ONU, ha estado trabajando desde 2014 en nuevas normas para el desarrollo de recursos minerales en el fondo marino.
Este enorme esfuerzo ha cobrado impulso, presionado por las empresas que buscan aprovechar los minerales inexplorados. La empresa canadiense The Metals Company planea presentar en junio la primera solicitud de licencia de minería comercial a través de su filial Nori (Nauru Ocean Resources Inc.), que espera extraer nódulos polimetálicos del Pacífico.
Contenido del código de minería
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), la ISA debe supervisar tanto la exploración como la minería de recursos codiciados (como cobalto, níquel o manganeso) en aguas internacionales, al mismo tiempo que protege el medio ambiente marino. Para los activistas preocupados por la protección de ecosistemas oceánicos de difícil acceso, este mandato dual resulta inconsistente. Cada vez más grupos y países están solicitando una moratoria sobre la minería en el fondo marino.
Sin un consenso claro, las negociaciones lideradas por la ISA han continuado. El Consejo de la ISA, compuesto por 36 de los 169 estados miembros de la autoridad, pasará las próximas dos semanas tratando de cerrar las brechas para finalizar el código. Están trabajando a partir de un «texto consolidado» de 250 páginas que ya está plagado de cambios parentéticos y comentarios sobre desacuerdos. Además, hay decenas de enmiendas presentadas por países, empresas y organizaciones no gubernamentales.
Emma Wilson, de la Coalición para la Conservación del Mar Profundo, declaró que hay «más de 2.000 elementos textuales que aún se están discutiendo», y que esos debates «no están cerca de resolverse».
Funcionamiento de la minería en el fondo marino
Cualquier entidad que desee obtener un contrato para extraer recursos del fondo marino debe estar patrocinada por un país específico. Las solicitudes de licencias de minería pasarían primero por la comisión legal y técnica de la ISA, que las ONG argumentan que es demasiado pro-industria y opaca. Esta comisión evaluaría los aspectos financieros, técnicos y medioambientales de los planes propuestos, y luego haría una recomendación al Consejo de la ISA, que es el que toma la decisión final.
Sin embargo, algunos temen que las normas ya establecidas por la UNCLOS hagan que sea demasiado difícil rechazar cualquier recomendación favorable. El código preliminar prevé contratos iniciales de 30 años, con prórrogas de cinco años.
Las empresas mineras deben llevar a cabo un estudio sobre los posibles riesgos medioambientales de sus actividades, pero los detalles sobre estas encuestas aún están en el aire, ya que los negociadores ni siquiera han acordado cómo definir los términos. Cada vez más países, junto con ONG, subrayan que incluso la idea de evaluar el impacto potencial es prácticamente imposible, dada la falta de datos científicos sobre las zonas. Algunos estados del Pacífico insisten en que el código debe estipular explícitamente la necesidad de proteger el «patrimonio cultural submarino», pero este punto sigue siendo objeto de debate.
El texto borrador también menciona inspecciones y evaluaciones para las empresas de minería en aguas profundas, pero aún se debate cómo funcionaría tal sistema. Algunos incluso creen que estos mecanismos no son viables en última instancia.
En cuanto a la distribución de beneficios, bajo la UNCLOS, los recursos del fondo marino se consideran «patrimonio común de la humanidad». El código de minería en consideración estipula que cada empresa debe pagar regalías a la ISA basadas en el valor de los metales extraídos. Sin embargo, ¿qué porcentaje deberían pagar? Un grupo de trabajo ha propuesto regalías que oscilan entre el 3% y el 12%, mientras que los estados africanos creen que un 40% es más justo.
