El ex presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha sido trasladado a La Haya para enfrentar cargos de crímenes de lesa humanidad. Esta situación ha desatado una ola de reacciones en su país, donde su hijo, Sebastian ‘Baste’ Duterte, actual alcalde de Davao City, ha prometido “luchar” contra la detención de su padre, a la que califica de “arresto ilegal”.
Rodrigo Duterte, de 79 años, fue arrestado la semana pasada por las autoridades filipinas en el aeropuerto internacional de Manila y posteriormente trasladado a La Haya, donde se enfrenta a un juicio por su controvertida “guerra contra las drogas”. Según la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), el ex presidente supuestamente organizó “escuadrones de la muerte” que llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales de presuntos traficantes y consumidores de drogas entre 2016 y 2022.
Baste Duterte ha declarado que la detención de su padre “establece un precedente peligroso”, y ha instado a sus seguidores a “levantarse” en defensa de su padre. Otros funcionarios en Filipinas también han criticado la extradición del ex líder, lo que refleja una profunda división en la opinión pública sobre este asunto.
Investigaciones de la CPI y la respuesta del gobierno filipino
La CPI inició una investigación sobre la campaña antidrogas de Duterte en 2018, centrándose en las alegaciones de asesinatos extrajudiciales y brutalidad policial. Activistas han denunciado que personas inocentes, incluidos niños, fueron asesinadas, mientras que la policía sostiene que actuó en defensa propia. Aunque oficialmente se reportaron 6,200 muertes, muchos expertos creen que la cifra real es considerablemente más alta.
Algunos defensores de los derechos humanos han calificado el arresto del ex presidente como ilegal, argumentando que Filipinas se retiró formalmente de la CPI en 2019 por orden de Duterte. Sin embargo, la corte con sede en La Haya sostiene que mantiene jurisdicción sobre los crímenes que pudieron haberse cometido mientras el país era signatario del tratado.
Los abogados de Rodrigo Duterte han presentado una petición acusando al gobierno filipino de “secuestro” y argumentando que su extradición viola tanto la legislación nacional como las regulaciones de la CPI. Esta situación plantea interrogantes sobre el futuro del ex presidente y el impacto que su arresto podría tener en la política filipina.
