La reciente declaración del ex primer ministro británico Rishi Sunak, quien ha instado a la confiscación de activos rusos congelados en el contexto de las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania, ha generado una fuerte reacción por parte del gobierno ruso. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ha calificado esta propuesta de «piratería moderna», evocando una tradición histórica británica de legalizar actos de piratería en el pasado.
En un mensaje publicado en redes sociales, Zakharova comparó la postura de Sunak con prácticas de antaño, afirmando que «la piratería fue legalizada en Inglaterra. A los piratas se les prohibía atacar barcos ingleses, pero se les permitía saquear embarcaciones rivales». Esta crítica se produce en un contexto donde el Reino Unido ha defendido consistentemente la idea de que los activos rusos, que ascienden a aproximadamente 300.000 millones de dólares y que han sido inmovilizados desde 2022, deben ser confiscados para evitar que financien futuras agresiones por parte del Kremlin.
La posición británica y sus implicaciones
Sunak, en su mensaje en la plataforma X, argumentó que «ahora es el momento de apoderarse de estos activos y hacer que Rusia pague». Este llamado se enmarca dentro de una estrategia más amplia del gobierno británico, que ha respaldado la idea de pasar de la mera congelación de activos a su confiscación activa. El secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy, también ha expresado que Europa debería avanzar en esta dirección.
El gobierno británico ha acordado recientemente un préstamo de 2.840 millones de dólares a Ucrania, respaldado por los ingresos generados por estos activos congelados. Esta acción ha sido interpretada por Moscú como una violación del derecho internacional, advirtiendo que Londres deberá devolver el dinero en caso de que se lleve a cabo la confiscación.
Las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea a Rusia se revisan cada seis meses, con la próxima renovación programada para julio. En este contexto, las negociaciones lideradas por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania han planteado la posibilidad de levantar algunas sanciones si se logra un entendimiento. Sin embargo, países como Hungría han amenazado con vetar la renovación de estas sanciones, lo que podría facilitar el regreso de los activos a Moscú.
Recientemente, el Parlamento Europeo instó a los Estados miembros de la UE, en colaboración con los socios del G7, a «confiscar inmediatamente todos los activos rusos congelados» para continuar financiando a Ucrania. Esta postura ha sido recibida con desdén por parte del Kremlin, que ha calificado la congelación de activos como «robo» y ha advertido sobre las consecuencias que podrían derivarse de una confiscación efectiva.
